El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, estableciendo esquemas de responsabilidad secundaria para las empresas proveedoras de servicios de internet ante infracciones cometidas por sus usuarios.

La minuta procedente de la Cámara de Diputados fue ratificada en lo general con 72 votos a favor y 37 en contra, mientras que la votación en lo particular concluyó con 70 votos a favor y 37 en contra, enviando la reforma al Ejecutivo Federal para su promulgación constitucional.

Las modificaciones al artículo 114 Octies y las adiciones de los artículos 114 Nonies y 232 Septies disponen que las compañías proveedoras responderán legalmente cuando induzcan, causen o contribuyan a una conducta infractora teniendo conocimiento de ella, o cuando obtengan un beneficio financiero directo de dicha actividad.

Las empresas que incurran en estos incumplimientos serán sancionadas administrativamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con multas de 5 mil hasta 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de sanciones adicionales de 100 a 500 UMA en caso de reincidencia.

Para eximirse de la responsabilidad por daños y perjuicios hacia los titulares de derechos, las empresas deberán implementar y publicar permanentemente políticas públicas transparentes para suspender el servicio a infractores recurrentes.

Al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, el senador Emmanuel Reyes Carmona, aseguró que las disposiciones normativas no vulneran los ecosistemas digitales.

“Estas reformas no imponen mecanismos de censura previa ni alteran la neutralidad tecnológica del ecosistema digital, es decir, no se hacen presunciones absolutas de culpabilidad”, sostuvo Emmanuel Reyes Carmona.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, argumentó que el ajuste legal equilibra la protección a los creadores de contenido sin afectar los derechos de navegación de la ciudadanía.

“No son reformas que responsabilicen a quienes proporcionan un servicio tecnológico; tampoco fija una facultad de bloqueo generalizado”, precisó Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Por su parte, la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa afirmó que el cambio regulatorio busca armonizar la legislación mexicana con los compromisos internacionales fijados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En contraste, legisladores de oposición manifestaron duras críticas al proyecto. La senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano González, y el coordinador de la bancada del PRI, Manuel Añorve Baños, advirtieron que los mecanismos podrían derivar en la remoción arbitraria de contenidos de sátira política, investigaciones periodísticas y opiniones críticas.

Asimismo, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, señaló que las exigencias internacionales no deben emplearse como justificación para arriesgar los derechos de proporcionalidad y la libertad de expresión en medios digitales.

Durante la sesión, el Pleno senatorial rechazó previamente una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota, permitiendo también la participación en el debate de los senadores Maki Esther Ortiz Domínguez y Yeidckol Polevnsky Gurwitz.