El Senado de la República ratificó a Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez como magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quienes ocuparán el cargo por un periodo de 15 años improrrogables a partir del 1 de noviembre de 2025.

La votación en el Pleno se resolvió con 82 votos a favor, 34 en contra y una abstención. Tras la aprobación, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, tomó la protesta correspondiente a los nuevos integrantes del tribunal.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, defendió los nombramientos al asegurar que los perfiles cumplen con los requisitos legales, técnicos y de idoneidad. “México requiere de servidores públicos íntegros, técnicos, expertos y capaces. Estos nombramientos son indispensables para garantizar justicia efectiva y cercana a las necesidades de los ciudadanos”, afirmó.

Los perfiles ratificados cuentan con trayectorias sólidas en el ámbito jurídico y administrativo:

• Ariadna Camacho Contreras ha trabajado en Petróleos Mexicanos, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y la Secretaría de Turismo.
• Selene Cruz Alcalá fue magistrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.
• Ludmila Valentina Albarrán Acuña presidió la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ha trabajado en temas de medio ambiente y desarrollo urbano.
• Eduardo Santillán Pérez fue director de Política Criminal, diputado local y jefe delegacional en Álvaro Obregón.
• José Ramón Amieva Gálvez ha sido magistrado en Hidalgo y encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde Morena, la senadora Araceli Saucedo Reyes destacó que los perfiles son honestos, conocedores del ámbito administrativo y que su incorporación fortalecerá la rendición de cuentas y la garantía de derechos frente a decisiones estatales.

En contraste, el senador Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, cuestionó la autonomía de las designaciones, calificándolas como parte de una estrategia para garantizar parcialidad a favor del gobierno. “La amistad es sinónimo de indulto, la disidencia la peor de los agravantes”, expresó.

Desde el PVEM, Waldo Fernández González defendió que la ratificación representa una expresión de confianza en las instituciones y en la vocación del servicio público. Por el PRI, Cristina Ruiz Sandoval criticó que los perfiles provienen del mismo grupo político que impulsa sus nombramientos, lo que mina la confianza ciudadana.

La senadora Ana Karen Hernández Aceves, del PT, subrayó que estas magistraturas definirán la última línea de defensa de los ciudadanos ante posibles abusos de autoridad. “El dictamen valida la idoneidad de cinco perfiles con trayectorias sólidas y probadas”, afirmó.

En contra, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, consideró que las designaciones responden a intereses del régimen y representan un premio a la lealtad y obediencia incondicional, lo que pone en duda la independencia del tribunal.

Con esta decisión, el Senado concluye un proceso legislativo que impactará directamente en la funcionalidad, autonomía y dirección del sistema de justicia administrativa, en un momento clave para la defensa de los derechos ciudadanos frente a los actos de autoridad.