Senadoras y senadores del PRI alertaron que, pese a los avances normativos, el maltrato y la crueldad animal siguen siendo un desafío para las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar estas conductas. En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, solicitaron protocolos homologados de actuación y mayor capacitación del personal ministerial, policial y administrativo.

Los legisladores recordaron que las 32 entidades federativas cuentan con disposiciones específicas en sus códigos penales y leyes locales de protección animal, además de campañas de esterilización, rescate y denuncia ciudadana. Sin embargo, señalaron que “la existencia de un marco jurídico cada vez más robusto no ha sido suficiente para garantizar una aplicación homogénea, oportuna y eficaz”.

Entre los obstáculos mencionaron la falta de criterios técnicos uniformes para preservar indicios, la escasa disponibilidad de médicos veterinarios forenses y la insuficiente coordinación entre autoridades ambientales, ministeriales y municipales.

El caso de “Scooby”, un perro arrojado a un recipiente con aceite hirviendo, fue citado como ejemplo de la indignación social y la urgencia de contar con mecanismos eficaces de atención inmediata. También se mencionaron hechos como envenenamientos masivos, abandono, peleas clandestinas y actos de extrema crueldad registrados en distintas entidades.

El PRI pidió a la Fiscalía General de la República, a las fiscalías estatales, a la SEMARNAT, a la PROFEPA, y a gobiernos locales fortalecer la profesionalización y especialización del personal encargado de atender y perseguir estos delitos, además de implementar protocolos homologados para prevención, rescate, valoración médico-veterinaria y seguimiento de casos.