Con el objetivo de facilitar la vida de millones de ciudadanos y reducir el tiempo invertido en procesos burocráticos, el Senado de la República aprobó la creación de la Ley General de Simplificación y Digitalización Administrativa, una herramienta legal que busca modernizar la relación entre la población y las instituciones públicas.

Durante la sesión correspondiente al periodo extraordinario, las y los senadores votaron a favor de esta iniciativa que pretende hacer más ágil, eficiente y accesible la prestación de servicios públicos, mediante la reorganización, simplificación y digitalización de trámites que, hasta ahora, podían implicar largas filas, tiempos de espera excesivos o procesos repetitivos.

De acuerdo con el dictamen, la nueva ley establece que todas las dependencias del gobierno deberán evaluar, depurar y rediseñar los trámites existentes, así como implementar plataformas digitales que permitan realizar gestiones en línea, desde cualquier lugar y sin necesidad de acudir físicamente a oficinas gubernamentales.

Además, se prevé la creación de registros únicos de usuarios y plataformas interconectadas, lo que evitará que las personas tengan que presentar documentos múltiples veces en distintas instituciones. La ley también promoverá el uso del expediente digital ciudadano, una carpeta electrónica con los datos e historial de trámites de cada persona, bajo principios de privacidad y protección de datos personales.

Esta legislación tiene como finalidad no sólo reducir la carga administrativa, sino también cerrar brechas de desigualdad, ya que la digitalización permitirá que personas que viven en zonas alejadas o con dificultad para trasladarse puedan acceder con mayor facilidad a los servicios gubernamentales.

“Se trata de una transformación de fondo en la forma en que el Estado se vincula con las personas, eliminando trabas innecesarias, costos ocultos y retrasos que afectan principalmente a los sectores más vulnerables”, expresaron legisladores durante la discusión.

Con la aprobación de esta nueva ley, México da un paso más hacia una administración pública moderna, centrada en el ciudadano y alineada con las necesidades de un entorno digital cada vez más dinámico. Ahora corresponderá a las autoridades federales, estatales y municipales implementar los mecanismos necesarios para poner en marcha estas medidas y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a la población.