En una sesión relevante para la agenda ambiental y de seguridad del país, senadoras y senadores aprobaron por unanimidad dos acciones clave: la ratificación de un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales y la reforma del marco legal contra operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En primer lugar, el pleno del Senado ratificó un acuerdo internacional histórico que tiene como objetivo regular el acceso y uso de los recursos genéticos marinos en áreas fuera de jurisdicción nacional, es decir, en alta mar. Este instrumento internacional —resultado de años de negociaciones multilaterales— busca garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina, estableciendo mecanismos de cooperación, transparencia y beneficios compartidos entre los países firmantes.

“Se trata de un avance sin precedentes en materia de gobernanza oceánica. Este tratado ofrece un marco para proteger especies únicas, preservar ecosistemas vulnerables y fomentar la investigación científica con criterios de equidad y responsabilidad”, destacaron senadores durante la discusión. El acuerdo también contempla la creación de áreas marinas protegidas, así como procesos para realizar evaluaciones de impacto ambiental previas a cualquier actividad que pueda poner en riesgo los ecosistemas.

Por otro lado, el Senado también aprobó reformas para fortalecer el combate a la criminalidad económica, particularmente en lo relativo a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estas modificaciones permitirán mejorar la prevención, detección e investigación de delitos relacionados con el lavado de dinero, dotando a las autoridades de mayores herramientas jurídicas para frenar el uso del sistema financiero con fines delictivos.

“Con esta reforma, México avanza hacia una mayor efectividad en la persecución de delitos financieros. Buscamos cerrar los espacios a estructuras criminales que se benefician de la opacidad y la falta de controles adecuados”,señalaron legisladoras y legisladores.

Ambas decisiones legislativas reflejan una doble preocupación por parte del Congreso: por un lado, la defensa activa del medio ambiente en un contexto global, y por el otro, el fortalecimiento del Estado de derecho frente a fenómenos delictivos complejos como el financiamiento ilícito.

Estas acciones forman parte del trabajo legislativo que busca alinear los compromisos internacionales del país con las políticas nacionales de protección ambiental y justicia económica, en beneficio de las futuras generaciones.