En una sesión histórica, el Senado de la República aprobó por mayoría una nueva Ley de la Guardia Nacional, junto con un paquete de reformas legales que otorgan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la responsabilidad directa sobre el funcionamiento y operación de este cuerpo de seguridad.
La aprobación implica un cambio estructural en el modelo de seguridad pública del país, al consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles. Con esta decisión, la Guardia Nacional —creada en 2019 con un enfoque inicialmente civil— será formalmente administrada, coordinada y dirigida por la Sedena.
Las reformas incluyen ajustes a diversas leyes, entre ellas:
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
Ley de la Guardia Nacional,
Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y
Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea.
De acuerdo con los legisladores que respaldaron el dictamen, el objetivo es fortalecer la operatividad, disciplina y eficacia de la Guardia Nacional, especialmente en regiones con altos índices de violencia. “Lo que se busca es garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos con un cuerpo profesional y bien capacitado”, afirmó uno de los senadores durante la discusión.
Por su parte, senadoras y senadores de oposición expresaron su preocupación por el posible debilitamiento del carácter civil de la seguridad pública, señalando que esta decisión podría vulnerar principios constitucionales. “Militarizar la seguridad no puede ser la única salida”, advirtieron.
Pese a las diferencias de posturas, la mayoría legislativa logró avanzar con la aprobación del dictamen en lo general y en lo particular. Se prevé que las reformas sean enviadas al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.
Con esta nueva legislación, México reconfigura su estrategia de seguridad en un momento clave para el país, apostando por una mayor presencia y control militar en la prevención y combate al crimen.
