En una sesión marcada por decisiones de impacto directo para la ciudadanía y sectores estratégicos del país, el Senado de la República aprobó importantes reformas y nombramientos que buscan fortalecer tanto el campo mexicano como la transparencia en el gasto público.

Por unanimidad, se aprobó la creación de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, una legislación que pone en el centro a las y los productores de café del país. Esta ley tiene como objetivo impulsar la calidad del café mexicano y fomentar su producción, comercialización y exportación.

Además, contempla el acompañamiento técnico, apoyos económicos y acciones coordinadas para garantizar que el cultivo del café sea sostenible y rentable. Se trata de una apuesta para que el café de México siga siendo uno de los más reconocidos a nivel internacional, pero con beneficios tangibles para quienes lo siembran y cosechan.

También fue aprobada la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que busca modernizar y hacer más eficientes los procesos mediante los cuales el gobierno adquiere bienes y servicios.

La ley contempla mecanismos para garantizar austeridad, eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos. Entre otros puntos, propone esquemas que eviten el desperdicio, reduzcan la corrupción y aseguren que cada peso del erario se invierta con responsabilidad.

En el mismo tenor, el Pleno del Senado ratificó los nombramientos de consejeras y consejeros independientes que formarán parte de los consejos de administración de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Estas ratificaciones son clave, ya que las y los consejeros independientes tienen la tarea de vigilar el rumbo de estas empresas productivas del Estado con visión técnica, ética y apartidista. Su papel es garantizar que las decisiones se tomen con base en el interés nacional y no en intereses políticos o particulares.

Con estas decisiones, el Senado avanza en temas prioritarios para el país, reforzando la protección del campo mexicano, el uso correcto de los recursos públicos y la vigilancia en las grandes empresas del Estado. Acciones que, sí se aplican correctamente, podrían traducirse en beneficios reales para todas y todos los mexicanos.