En la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para eliminar las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de confianza en organismos descentralizados y empresas públicas. “Es una reforma constitucional para que a partir de ahora la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del Ejecutivo Federal como pensión. Lo que ganaron antes no se puede mover, pero a partir de ahora ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión o 300 mil pesos”, explicó.

La mandataria aclaró que la medida no afectará a trabajadores con contratos colectivos, pues se trata de derechos adquiridos mediante negociaciones históricas. “Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, a los altos mandos que a la fecha con recursos públicos les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”, puntualizó.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, señaló que la propuesta se fundamenta en tres principios: Austeridad Republicana, Humanismo Mexicano y Responsabilidad Financiera.

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que entre las pensiones exorbitantes destacan:

• Luz y Fuerza del Centro en Liquidación: 9,457 extrabajadores reciben entre 100 mil y 1 millón de pesos; 3,504 de ellos superan el sueldo neto mensual de la Presidenta.
• Pemex: 544 pensionados con ingresos superiores al de la Jefa del Ejecutivo, por un total de 1,827 mdp anuales.
• CFE: 2,199 pensionados con montos mayores al salario presidencial, por 4,496 mdp anuales.
• Nafin: 9 pensionados con ingresos superiores, por 16 mdp anuales.
• Banobras: 19 pensionados con percepciones mayores, por 37 mdp anuales.
• Bancomext: 22 pensionados con ingresos superiores, por 45 mdp anuales.

Con esta reforma, el Gobierno federal busca eliminar privilegios, garantizar un uso responsable de los recursos públicos y destinar los ahorros a fortalecer los Programas para el Bienestar.