La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas con las que busca agilizar los procesos burocráticos del Gobierno federal, fortalecer las cadenas productivas del país y, sobre todo, garantizar mayor transparencia y mejores precios en las contrataciones públicas. Los cambios son parte de la estrategia para impulsar el llamado Plan México, una iniciativa que apuesta por el crecimiento económico mediante el fortalecimiento de la industria nacional y la reducción de tiempos y costos en la ejecución de obras.
Durante la presentación oficial, Sheinbaum explicó que una de las principales metas es reducir los largos periodos que actualmente retrasan el arranque de obras públicas. “Una obra que podía empezar en febrero, por toda la burocracia, acaba iniciando en octubre del año y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles”, señaló. Además, aseguró que con estas modificaciones se logrará mayor trazabilidad, es decir, un mejor seguimiento del origen y destino de los recursos públicos, lo que ayudará a prevenir actos de corrupción.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que en la Ley de Adquisiciones se incorporan nuevos mecanismos como la subasta inversa —que permite que varios proveedores compitan por ofrecer el precio más bajo— y la adjudicación directa con estrategia de negociación, lo que permitirá al Estado obtener productos a menor costo sin sacrificar calidad. También se promoverán los llamados “diálogos competitivos”, especialmente útiles cuando el Gobierno necesita un bien o servicio que no está disponible en el mercado, permitiendo una comunicación más directa con potenciales proveedores sin comprometer la transparencia.
Además, la ley ahora establece que al menos el 65% del contenido de lo que se compre con recursos públicos deberá ser de origen nacional. Esto significa que el Gobierno priorizará productos y servicios hechos en México, lo que se espera tenga un efecto positivo en las cadenas productivas del país. También se facilitará la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como cooperativas, mediante esquemas como anticipos, pagos rápidos, licitaciones exclusivas y asesoría técnica.
Otro cambio importante es la modernización del sistema CompraNet, que será reemplazado por una nueva plataforma digital desarrollada por el propio Gobierno. Esta nueva versión no solo será más eficiente, sino que incluirá una “Tienda Digital” donde los proveedores podrán ofrecer sus productos de forma inmediata y directa, acortando los tiempos de respuesta.
En cuanto a la Ley de Obras Públicas, se establece que el Gobierno y el sector privado podrán entablar diálogos estratégicos para mejorar la precisión de los proyectos antes de contratar. También se implementarán investigaciones de mercado para hacer el proceso más transparente, y los supervisores de obra tendrán responsabilidad solidaria para asegurar que los trabajos se realicen con calidad y conforme a lo planeado.
Una de las metas más ambiciosas de esta reforma es reducir en una tercera parte el tiempo que actualmente tarda en contratarse una obra. Asimismo, se dará prioridad a empresas locales, lo que permitirá impulsar el desarrollo económico regional. En todos los casos, se fortalecerán las reglas para evitar subcontrataciones abusivas: por ejemplo, en los contratos entre gobiernos, no podrá subcontratarse más del 49% del proyecto, y la información deberá hacerse pública a través del nuevo sistema digital.
Las reformas no solo buscan hacer más eficiente el gasto público, sino también garantizar que cada peso sea bien invertido, como destacó Buenrostro: “Tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo; entonces, para nosotros, cada peso vale”.
Con estos cambios, el Gobierno de México se propone dar un paso firme hacia una administración pública más moderna, eficaz y comprometida con el desarrollo del país y el combate a la corrupción.
