La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una serie de asuntos que consolidan la protección de derechos humanos, la certeza jurídica y el pluralismo en México.

En Chihuahua, el Pleno reconoció el sistema normativo de la comunidad Rarámuri de Tehuerichi, al ordenar que las constancias emitidas por el Siríame tengan valor jurídico en trámites registrales. La Corte vinculó a autoridades estatales y municipales para expedir actas pendientes y diseñar políticas interculturales. “Las constancias emitidas por las autoridades tradicionales indígenas deben tener valor jurídico real”, señaló el Tribunal.

En materia de víctimas, la SCJN determinó que las comisiones de atención a víctimas son responsables de fijar los montos iniciales de indemnización por daño moral. El caso se originó en Querétaro, donde se concedió amparo a los padres de un niño fallecido por negligencia médica.

Respecto a la carrera docente, la Corte declaró constitucionales diversos artículos de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que regulan procesos de selección, promoción y movilidad. Validó la preferencia para egresados de escuelas públicas de formación docente, la participación sindical y la reserva de ciertos datos personales.

La SCJN también brindó seguridad jurídica en procedimientos sancionadores financieros, al fijar como criterio obligatorio que el plazo de caducidad es de cinco años bajo la legislación anterior, confirmando que la autoridad pierde la facultad de sancionar si no actúa en ese lapso.

En otro asunto, el Pleno estableció que la Subdirección de lo Contencioso del ISSSTE sí tiene legitimación para interponer recursos de revisión fiscal en representación del Instituto, unificando criterios y garantizando su defensa jurídica.

Finalmente, la Corte validó las multas fijas previstas en la Ley Aduanera, al concluir que son compatibles con los principios de legalidad y proporcionalidad, pues establecen un rango mínimo y máximo que permite individualizar la sanción conforme a la gravedad de la infracción.

La Suprema Corte reafirma el pluralismo jurídico, garantiza la reparación integral a víctimas, fortalece la carrera docente y asegura la certeza en materia fiscal y administrativa, consolidando precedentes que impactan directamente en la vida comunitaria y en la protección de derechos en México.