La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo directo a una mujer indígena chinanteca y adulta mayor que demandó la responsabilidad patrimonial del Estado tras haber sido encarcelada injustamente durante 78 días acusada de peculado.

El caso inició a raíz de la participación de la mujer, monolingüe en su lengua originaria, en un programa social para la crianza de cerdos en su comunidad, del cual surgieron revisiones administrativas que derivaron en una acusación penal fallida por falta de pruebas.

Tras ser liberada, la afectada inició un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para exigir la reparación del daño, pero el órgano declaró infundada su reclamación al desestimar por meras formalidades un dictamen en etnología presentado en copia simple.

Al revisar el expediente, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que los jueces deben aplicar un enfoque interseccional al confluir factores de vulnerabilidad como el género, la edad avanzada, la pertenencia a un pueblo originario y las barreras lingüísticas.

“Las y los juzgadores deben flexibilizar las reglas procesales cuando sea necesario para garantizar un acceso efectivo a la justicia, valorar las pruebas atendiendo al contexto específico de la persona y remover los obstáculos lingüísticos, culturales y estructurales”, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La resolución aclaró que en este tipo de procedimientos le corresponde a la autoridad demostrar la regularidad de su actuación y comprobar que implementó medidas para que la beneficiaria comprendiera las reglas del programa en su propia lengua, por lo que el TFJA deberá emitir una nueva sentencia subsanando dichas deficiencias.