La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el año 2026 con resoluciones que consolidan el orden constitucional y la autonomía de las instituciones locales. En sesión de Pleno del 5 de enero, se confirmaron criterios que impactan directamente en la vida jurídica de entidades federativas y que buscan garantizar certeza, imparcialidad y respeto a la división de poderes.

En primer término, el Pleno confirmó la validez del oficio emitido por la Junta de Caminos del Estado de México, relacionado con el trayecto de la carretera estatal 797 Cuautitlán–Zumpango, en el tramo del kilómetro 12+200 al 15+800. La Corte concluyó que dicho documento no modifica ni desconoce los límites territoriales del municipio de Jaltenco, ni invade las facultades del Congreso local para fijar límites municipales. “El oficio es de carácter informativo y no tiene efectos jurídicos en materia de delimitación territorial”, se precisó. Con ello, se resolvió la Controversia Constitucional 281/2024.

En otro asunto, la Corte ordenó al Congreso de Nuevo León corregir su marco normativo en materia de responsabilidades administrativas, al detectar omisiones legislativas parciales inconstitucionales. Aunque el Congreso local expidió su propia ley, no la armonizó plenamente con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Pleno señaló dos irregularidades: que el artículo 221 atribuye indebidamente a un tribunal colegiado de circuito la facultad de resolver recursos de revisión, y que la misma Sala Especializada en responsabilidades administrativas puede resolver apelaciones contra sus propias decisiones. “El modelo debe garantizar independencia, imparcialidad y confianza de la ciudadanía”, subrayó la Corte. Se ordenó realizar las reformas necesarias en el siguiente periodo ordinario de sesiones, en las Controversias Constitucionales 114 y 115 de 2024.

Finalmente, el Tribunal Pleno validó la protección constitucional de las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Tribunal Electoral de Colima, al confirmar la obligación contenida en el artículo 273 del Código Electoral local. La disposición garantiza que magistradas y servidores públicos perciban una remuneración adecuada conforme al presupuesto autorizado, misma que no puede disminuirse durante el ejercicio de su cargo. La Corte determinó que esta norma es compatible con los artículos 116 y 127 de la Constitución Política Federal, asegurando la autonomía jurisdiccional y la división de poderes en el ámbito local. Esta resolución corresponde a la Controversia Constitucional 312/2023.

Con estas decisiones, la Suprema Corte reafirma su papel como garante del orden constitucional y como institución que vela por la correcta distribución de competencias entre los poderes y niveles de gobierno, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema jurídico mexicano.