La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó en conferencia de prensa que, en congruencia con la política de austeridad y racionalidad institucional, las ministras y ministros del Pleno acordaron no hacer uso de los nuevos vehículos blindados que fueron adquiridos en 2025. La decisión busca reasignar estas unidades a personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, garantizando así un uso óptimo y responsable de los recursos públicos.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que “la seguridad no es un lujo”, al explicar que los traslados constantes de las y los integrantes del Pleno a distintas entidades federativas requieren medidas de protección adecuadas. Recordó que desde 2010 existe un acuerdo que establece que las ministras y ministros deben contar con medidas de seguridad acordes con la responsabilidad de Estado que desempeñan, lo que incluye vehículos con características especiales.

En la conferencia participaron las ministras María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías, así como los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, junto con el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano. Se informó que al 1° de septiembre de 2025 se recibieron 39 vehículos blindados, de los cuales cuatro habían sido adquiridos por la anterior integración del Pleno.

El ministro presidente destacó que la decisión colegiada responde a un compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y al establecimiento de criterios de administración eficiente, sin afectar la seguridad institucional ni el funcionamiento del Máximo Tribunal. “La austeridad no es un acto simbólico. Es una política de administración responsable que debe ejercerse con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado ni el cumplimiento de las funciones constitucionales”, afirmó.

Por su parte, Néstor Vargas Solano explicó que, tras un análisis del ejercicio presupuestal, se estima que en los próximos dos años se generará un ahorro aproximado de mil millones de pesos, derivado de la transición del esquema de arrendamiento a la adquisición de vehículos, que ahora serán propiedad del Poder Judicial de la Federación. Añadió que para este año se proyecta un ahorro de 6 mil 249 millones de pesos, y para 2026 una reducción presupuestal de 16 mil millones de pesos, como muestra del compromiso con la austeridad y la transparencia.

El presidente del OAJ también señaló que la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial y el propio OAJ trabajan de manera coordinada en la identificación de mecanismos que permitan generar ahorros adicionales.

Las decisiones del Tribunal Pleno reflejan el compromiso de la SCJN con la rendición de cuentas y la cercanía con la ciudadanía. “Seguiremos actuando en congruencia con nuestros valores de cercanía y transparencia con el pueblo de México, así como con nuestro mandato de garantizar la plena vigencia de nuestra Constitución y los derechos humanos. Eso significa revalidar nuestras acciones y someterlas al escrutinio público, algo que antes no se hacía”, concluyó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.