La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterios obligatorios que impactan directamente en la vida de las personas y en la certeza jurídica del país. En sesión de Pleno del 3 de febrero de 2026, el máximo tribunal abordó temas sensibles como la gestación sustituta, la protección de la salud de comunidades indígenas, la jerarquía normativa entre leyes estatales y reglamentos municipales, y la competencia exclusiva de la Federación en materia de ejecución penal.

En la Ciudad de México, la Corte fijó jurisprudencia para que, ante la ausencia de regulación específica sobre gestación sustituta, las diligencias de jurisdicción voluntaria sean la vía idónea para verificar acuerdos ratificados ante notario y ordenar la expedición de actas de nacimiento. “La falta de regulación no debe impedir que las autoridades garanticen los derechos de las personas involucradas”, subrayó el Pleno.

En Tepic, Nayarit, se declaró inconstitucional la prohibición absoluta de espectáculos con animales contenida en el reglamento municipal, al contravenir la Ley estatal de Protección a la Fauna. La Corte recordó que los reglamentos locales deben ajustarse a las leyes estatales y no pueden contradecirlas, reafirmando el principio de jerarquía normativa.

Respecto al derecho a la salud de pueblos indígenas en Baja California, la SCJN invalidó la porción normativa que condicionaba la presencia de personal médico y traductores a la disponibilidad presupuestal. El Pleno sostuvo que el acceso a la salud en lengua indígena es un derecho humano incondicional. Además, realizó una interpretación conforme para que el término “enfermera” se entienda de manera incluyente y no sexista.

En Chiapas, el Alto Tribunal invalidó normas que restringían beneficios preliberacionales para ciertos delitos, al considerar que el Congreso local invadió facultades exclusivas de la Federación. Con ello, se reafirma la vigencia de un sistema nacional uniforme en materia de ejecución penal.

La Suprema Corte fortalece la protección de derechos humanos, asegura la coherencia normativa y garantiza que las autoridades actúen con apego a la Constitución y a la ley.