La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en sesión del 20 de mayo de 2026 dos asuntos clave para la protección de derechos en materia penal.

En primer lugar, el Tribunal analizó un caso de despojo de inmueble en Nuevo León seguido contra dos personas adultas mayores. El Pleno determinó que, cuando un tribunal de apelación revoca una sentencia absolutoria y declara acreditado el delito, la audiencia de individualización de sanciones puede ser presidida por una persona juzgadora distinta a la que absolvió en primera instancia. Esto es acorde con los principios de inmediación e imparcialidad, ya que la culpabilidad ya fue definida y la etapa posterior se limita a fijar consecuencias jurídicas.

Además, la Corte reforzó la protección de las personas adultas mayores al reconocer su derecho a recibir acompañamiento especializado de agentes del Sistema de Protección a las Personas Adultas Mayores durante los procesos penales. Este apoyo busca superar barreras de comprensión y garantizar una defensa efectiva. En consecuencia, se revocó la sentencia que había negado el amparo y se ordenó emitir una nueva resolución bajo estos estándares reforzados.

En otro asunto, el Pleno reafirmó el principio constitucional de prohibición de doble sanción por el mismo delito (non bis in ídem). El caso derivó de una condena por violación entre cónyuges en Nuevo León, donde además se aplicó la agravante de vínculo conyugal y violencia familiar. La Corte concluyó que esta agravante no podía imponerse, ya que el vínculo conyugal es parte esencial de la configuración del delito y volver a usarlo para aumentar la pena implicaba una doble valoración prohibida.

Con estas resoluciones, la SCJN fortaleció la seguridad jurídica, la protección reforzada de grupos vulnerables y la garantía de que ninguna persona sea sancionada dos veces por los mismos hechos.