Foto: www.te.gob.mx
El pluralismo jurídico debe entenderse de manera amplia para asegurar que los pueblos y comunidades indígenas accedan plenamente a la justicia y ejerzan sus derechos, sostuvo la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho.
Durante la conferencia magistral Acceso a la justicia y pluralismo jurídico, dictada en el XI Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Originarias, la magistrada advirtió que los juzgadores tienen la obligación de reconocer la convivencia entre el derecho estatal y los sistemas normativos indígenas.
Frente a representantes indígenas del Estado de México, Michoacán y Querétaro, la magistrada puntualizó que la finalidad del sistema judicial es garantizar de forma efectiva la libre determinación, el autogobierno y la representación de las comunidades originarias.
Para lograrlo, Claudia Valle Aguilasocho hizo un llamado directo a incorporar estudios antropológicos y sociales en la labor judicial, recordando que no podemos asimilar, porque cada comunidad vive su propia realidad.
La juzgadora ilustró esta postura con sentencias históricas de la Sala Superior, comenzando por el emblemático caso de Cherán en 2011, el cual sentó precedentes para la justicia electoral intercultural al autorizar la elección de autoridades sin partidos políticos.
Entre los fallos dictados en 2026, destacó el caso SUP-REC-28/2026 relativo al Concejo Autónomo de San Luis Tlaxialtemalco en Xochimilco, donde se protegió la identidad comunitaria y el vínculo cultural de sus autoridades.
Asimismo, refirió el expediente SUP-REC-247/2026, que involucró a los municipios potosinos de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio, ordenando al organismo local electoral auxiliar en la consulta para cambiar del sistema de partidos al de usos y costumbres.
En el asunto de San Francisco Cahuacuá, Oaxaca (SUP-REC-24/2026 y acumulado), del cual fue ponente,la magistrada explicó que se fijó el criterio de que un estatuto comunitario puede impugnarse desde su aprobación o en cada acto de aplicación si vulnera derechos.
La integrante de la Sala Superior enalteció además la resolución de los juicios SUP-REC-353/2026 y SUP-REC-355/2026, los cuales ordenaron garantizar el ejercicio real de la representación indígena en ayuntamientos, asegurando tratos iguales y remuneraciones dignas.
Al dirijirse a quienes promovieron dichos recursos, Claudia Valle Aguilasocho reconoció su impacto nacional al señalarles que ustedes han hecho un cambio histórico con ese litigio.
La magistrada recordó la trascendencia de acercar la Defensoría Pública Electoral, la cual proporciona asesoría, representación, peritajes y traducciones de forma gratuita para las personas y comunidades originarias.
Al cerrar el foro, moderado por el magistrado Omar Hernández Esquivel, reiteró que las autoridades deben actuar con empatía y trato digno, enfatizando que escuchar, analizar y comprender es necesario.
