El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, trazó la hoja de ruta institucional para enfrentar las elecciones de 2027 durante su participación en el Primer Congreso Nacional de Derecho Electoral.

El evento, titulado Reflexiones sobre la actividad administrativa y Jurisdiccional, se celebró en el Auditorio B del campus Saltillo de la Universidad Americana del Noreste (UANE), en Coahuila, bajo la organización del tribunal electoral local.

Frente a la comunidad académica y autoridades del sector, el juzgador remarcó que las decisiones comiciales deben ser estrictamente pacíficas, asegurando que sean el voto y el derecho, y nunca el ejercicio de la fuerza, los que ordenen una disputa democrática.

Durante su conferencia magistral, Gilberto Bátiz García detalló cinco retos esenciales: llegar preparadas como autoridades, reducir las barreras para ejercer los derechos políticos, responder a las transformaciones de la conversación pública, examinar los efectos de la violencia y reconocer la respuesta que exige cada conflicto.

El titular de la Sala Superior expuso que los desacuerdos son naturales en una sociedad libre, subrayando que la certeza tiene que ser comprendida como que estas diferencias puedan encontrar los cauces institucionales.

En materia de inclusión social, el magistrado reveló que entre enero de 2025 y agosto de 2026, la Sala Superior resolvió 15 mil 711 medios de impugnación vinculados a grupos vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, mujeres, personas afromexicanas, migrantes, juventudes, personas con discapacidad y diversidad sexual.

Al respecto, Gilberto Bátiz García destacó la misión social del organismo jurisdiccional al enfatizar que los tribunales electorales no sólo somos instituciones políticas; tenemos la oportunidad de ser instituciones que protegen el ejercicio de los derechos en condiciones de participación profundamente desiguales.

Finalmente, el presidente del TEPJF concluyó que el compromiso central de las autoridades electorales en México radica en encauzar cualquier disputa política por las vías legales y ofrecer garantías de equidad a toda la ciudadanía.