La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) que había desechado una denuncia sobre la indumentaria utilizada en la entrega de apoyos públicos.

La queja original fue interpuesta por el partido político SOMOS en contra de la Secretaría de Bienestar, de diversos servidores públicos —incluidos los denominados Servidores de la Nación— y del partido Morena.

El recurso legal objeta el uso continuo de gorras, camisetas y chalecos en color guinda durante la operación territorial de los programas sociales, al señalar que esta práctica genera una asociación indebida entre la función gubernamental y una fuerza política de cara al proceso electoral federal 2026-2027.

La representación del instituto político denunciante sostuvo que dicha vestimenta atenta directamente contra los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, consagrados en los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En una primera instancia, la UTCE había rechazado el trámite al argumentar que los colores no son de uso exclusivo de ningún partido y que la sola coincidencia cromática no configuraba una falta a la normativa electoral ni vinculaba propaganda oficial con un instituto político.

Ante esta negativa, el partido SOMOS impugnó la determinación al considerar que la autoridad administrativa realizó un análisis fragmentado, pues la denuncia abarcaba una similitud visual integral en el diseño, la confección, la estructura y el formato de las prendas usadas por los funcionarios en territorio.

Durante la sesión pública, y a propuesta del magistrado electoral Felipe Fuentes Barrera, el Pleno de la Sala Superior resolvió el expediente SUP-REP-73/2026, concluyendo que la UTCE incurrió en un análisis de fondo indebido durante una etapa meramente preliminar.

Los magistrados determinaron que el órgano del INE exigió elementos de prueba propios de una acreditación definitiva y omitió valorar de forma contextual los indicios aportados sobre la apariencia visual y la naturaleza sistemática de los hechos.

Por ello, la Sala Superior del TEPJF ordenó a la UTCE emitir un nuevo acuerdo en el que evalúe de manera exhaustiva la totalidad de los planteamientos sin descartar evidencias de forma anticipada y se pronuncie formalmente sobre las medidas cautelares solicitadas.