En vísperas de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllarplanteó la necesidad de construir un nuevo acuerdo nacional que articule esfuerzos del sector público, privado y social para cumplir con las metas de inversión establecidas en el Plan México. El objetivo es claro: que la inversión total represente el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2026.

Durante su intervención, Ramírez Cuéllar destacó que el proyecto enviado por la presidenta de la República contempla una inversión pública de 1.25 billones de pesos, equivalente al 3.2 por ciento del PIB, con énfasis en 13 proyectos prioritarios de infraestructura que concentran 536.8 mil millones de pesos. Estas obras reflejan las principales apuestas de desarrollo regional y productivo de largo plazo. “Para lograrlo, será indispensable la participación del sector privado, bajo esquemas de corresponsabilidad y transparencia que garanticen la rentabilidad social y económica de los proyectos”, señaló.

Un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revela que los sectores estratégicos enfrentan brechas importantes respecto a las metas de inversión. En el sector energético, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registra una reducción presupuestal de 16.7 por ciento para 2026, mientras que Pemex deberá sostener una inversión significativa para alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios hacia 2030.

En el ámbito hídrico, la CONAGUA presenta una brecha estimada de 10.3 mil millones de pesos, que podría reducirse con mayor participación privada. En transporte, el presupuesto propuesto de 172 mil millones de pesos avanza en la dirección correcta, aunque aún está por debajo del promedio requerido para atender las necesidades de infraestructura del sexenio.

Ramírez Cuéllar subrayó que la inversión debe convertirse en el motor del crecimiento y del desarrollo nacional, bajo un nuevo paradigma transformador, en el que la obra pública contribuya a reducir desigualdades estructurales, cerrar brechas regionales y garantizar derechos con una visión integral de corto, mediano y largo plazo.

Las cifras más recientes del INEGI refuerzan esta urgencia. Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB nacional registró una contracción de 0.3 por ciento, derivada de una caída de 1.5 por ciento en las actividades industriales, mientras que las actividades primarias crecieron 3.2 por ciento. Este desempeño desigual entre sectores, explicó el legislador, evidencia la necesidad de fortalecer la inversión pública y privada para recuperar el dinamismo económico y consolidar un crecimiento con mayor equilibrio regional y social.

“El crecimiento de la economía y el bienestar es el principal reto de un nuevo pacto de la sociedad mexicana”, concluyó Ramírez Cuéllar, al convocar a todos los sectores a sumar esfuerzos en la construcción de un modelo de desarrollo más justo, sostenible y equitativo.