El Consejo Universitario de la UNAM aprobó por unanimidad la creación de tres nuevas especializaciones: Prevención de Lavado de Dinero, Administración de Organizaciones de Asistencia Social y Administración Cultural, además de modificaciones al Programa Único de Especializaciones en Ciencias de la Administración. Estas nuevas opciones académicas buscan profundizar y actualizar los conocimientos de profesionistas en áreas clave para el desarrollo social, económico y cultural del país.

La especialización en Prevención de Lavado de Dinero formará expertos capaces de contrarrestar los efectos de actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas, corrupción y terrorismo. “Estos profesionales serán agentes clave en la promoción de una cultura de legalidad y ética”, se destacó en la sesión. La especialización responde a la necesidad de oficiales de cumplimiento en entidades que realizan actividades vulnerables, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La especialización en Administración de Organizaciones de Asistencia Social busca preparar especialistas que gestionen recursos y prácticas innovadoras para atender problemáticas como pobreza, desigualdad, discriminación y deterioro ambiental. Con ello, se pretende elevar la calidad de vida de grupos vulnerables y contribuir al desarrollo integral de la población.

Por su parte, la especialización en Administración Cultural formará profesionales capaces de diseñar e implementar planes y estrategias culturales en organizaciones públicas y privadas. Según estudios internacionales, las industrias culturales y creativas generan más del 3% del PIB mundial y emplean a cerca de 30 millones de personas. En México, este sector aporta el 3.2% del PIB y más de un millón de empleos, lo que subraya su relevancia en la vida cotidiana y su potencial de expansión en la economía digital.

Cada programa tendrá una duración de dos semestres en modalidad presencial, con posibilidad de extenderse a tres semestres en casos de tiempo parcial, y contará con una matrícula inicial de 30 estudiantes.

El Consejo Universitario también aprobó modificaciones al Reglamento del Tribunal Universitario, que fortalecen la protección de los derechos de la comunidad. Se estableció que todo proceso disciplinario debe respetar el principio de presunción de inocencia y se reconoció explícitamente la libertad de expresión, manifestación y protesta como parte esencial de la convivencia universitaria. “La disciplina universitaria siempre debe buscar el ejercicio y la protección de los derechos de todas las personas integrantes de la comunidad”, señala el nuevo artículo.

Asimismo, se fijó un plazo máximo de 20 días hábiles para la investigación de casos y se incorporó la figura de acuerdos conciliatorios, que permiten dar por terminado un procedimiento disciplinario en determinadas circunstancias, garantizando procesos más ágiles y claros.

Con estas decisiones, la UNAM reafirma su compromiso con la formación de especialistas en áreas estratégicas y con la defensa de los derechos universitarios, consolidando su papel como institución líder en educación superior y en la construcción de una convivencia democrática.