Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y seguridad en los centros penitenciarios, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, realizó operativos simultáneos en los penales de Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula, en coordinación con autoridades federales. Estas acciones forman parte de una estrategia integral para inhibir el delito de extorsión desde el interior de los reclusorios, y se llevaron a cabo con pleno respeto a los derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, contó con el respaldo de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN). También participaron policías custodios, la Unidad Cinotáctica K9, y la Policía Estatal Preventiva, en una operación conjunta que permitió asegurar diversos artículos prohibidos.

En el penal de Tepexi de Rodríguez, se decomisaron 11 objetos punzocortantes, 7 teléfonos celulares, 1 reloj inteligente, además de cables USB, tarjetas SIM, audífonos y cargadores. Mientras tanto, en el centro penitenciario de San Pedro Cholula, fueron asegurados 58 objetos punzocortantes, más de 60 accesorios para equipos telefónicos, 19 recipientes para el consumo de sustancias ilícitas, y 16 bocinas, entre otros artículos.

Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno estatal por garantizar un sistema penitenciario más eficiente, transparente y seguro, en el que se priorice la prevención del delito y la protección de la ciudadanía. “Estamos trabajando para que los centros penitenciarios de Puebla sean espacios de orden, respeto y reinserción, no de impunidad”, ha señalado en diversas ocasiones el gobernador Alejandro Armenta, quien ha impulsado una política de seguridad con enfoque integral.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno demuestra que la seguridad penitenciaria es una prioridad compartida, y que el combate a la extorsión requiere acciones concretas y sostenidas. Puebla avanza hacia un modelo penitenciario que fortalece la legalidad y la confianza institucional, con operativos que protegen tanto a las personas privadas de la libertad como a la sociedad en general.