La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha presentado una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Estas modificaciones buscan fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir este delito, así como mejorar los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas.

Dentro de estas reformas destaca la creación de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta que permitirá centralizar y agilizar la búsqueda de personas desaparecidas. A través de esta plataforma, se podrán emitir alertas inmediatas en caso de desaparición y fortalecer el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo oficial de identidad, incorporando fotografía y huellas dactilares.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el Gobierno de México asume la responsabilidad de enfrentar este problema de manera decidida. Para ello, se ha comprometido a proporcionar información precisa sobre el número de personas desaparecidas, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) trabajarán de cerca con los familiares y colectivos de víctimas.

Un punto clave de estas reformas es la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, que garantizará la apertura inmediata de carpetas sin necesidad de esperar 72 horas. Además, se fortalecerá el Banco Nacional de Datos Forenses, permitiendo una conexión en tiempo real entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), integrando registros antemortem y postmortem, la Alerta Amber y otros mecanismos de identificación.

La reforma también prevé el fortalecimiento de las fiscalías mediante la creación de Unidades especializadas de investigación, análisis de contexto, búsqueda inmediata y de larga data, así como áreas especializadas en delitos cibernéticos y atención a víctimas. Se establecerán requisitos mínimos y obligatorios para el personal de estas fiscalías con el fin de asegurar investigaciones eficientes.

Otro aspecto relevante de las reformas es la obligación de los sectores privado y público de compartir información útil para la búsqueda de personas. Empresas de servicios financieros, telecomunicaciones, transporte y salud estarán obligadas a proporcionar datos relevantes para facilitar la localización de personas desaparecidas.

Las sanciones también se endurecen, con un incremento en las penas para quienes cometan el delito de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Además, se refuerzan las capacidades de las Comisiones Nacional y estatales de Búsqueda con mayores recursos y atribuciones para llevar a cabo sus labores de manera efectiva.

Finalmente, se establece el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, el cual notificará de manera inmediata a instituciones y autoridades privadas sobre cualquier desaparición reportada. Este sistema identificará coincidencias en bases de datos y se vinculará con la CURP para mejorar los tiempos de reacción y búsqueda.

Con estas reformas, el Gobierno de México busca dar una respuesta contundente al problema de la desaparición de personas, fortaleciendo los mecanismos de investigación y búsqueda, garantizando el derecho a la identidad y mejorando la coordinación entre instituciones para enfrentar esta problemática de manera efectiva.