Transparencia con rostro ciudadano

Foto: Gobierno del Estado de Yucatán

En cumplimiento del marco legal y con el objetivo de fortalecer el derecho a la información, se celebró la sesión ordinaria del Comité de Transferencia para la Entrega-Recepción de los asuntos relacionados con la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Yucatán. Este acto marca el inicio formal de operaciones del nuevo organismo desconcentrado “Transparencia para el Pueblo de Yucatán”, que asume la responsabilidad de garantizar estos derechos con autonomía técnica y operativa, conforme al artículo 6º de la Constitución Federal.

La sesión fue presidida por Eduardo López Farías, titular del nuevo organismo, y contó con la presencia de Oscar Adán Valencia Domínguez, secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno; Juan Sánchez Álvarez, secretario de Administración y Finanzas; y Gaspar Alemañy Ortiz, consejero jurídico del Estado. También asistieron la excomisionada presidenta María Gilda Segovia Chab y los excomisionados Carlos Fernando Pavón Durán y Mauricio Moreno Mendoza, quienes acompañaron el proceso de transición con institucionalidad y profesionalismo.

“Garantizar el respeto y continuidad a la transparencia y a la rendición de cuentas es una instrucción del Gobernador Joaquín Díaz Mena para honrar la encomienda determinada por el Congreso del Estado”, coincidieron los funcionarios en sus intervenciones, al reconocer el trabajo de quienes integraron el extinto Inaip y el compromiso del nuevo equipo.

El proceso concluyó con la firma del acta correspondiente, asegurando que la atención a los asuntos inherentes a la transparencia en Yucatán permanezca plena y legalmente garantizada. Con esta transición, el Estado reafirma su voluntad de construir instituciones abiertas, confiables y cercanas a la ciudadanía, donde el acceso a la información pública y la protección de datos personales sean pilares de la vida democrática.

“Transparencia para el Pueblo de Yucatán” inicia su labor con la misión de acercar el derecho a saber a todas y todos, consolidando una nueva etapa en la gestión pública del estado, donde la rendición de cuentas y la participación ciudadana son protagonistas del cambio institucional.

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