México hacia una gestión ambiental con justicia

Foto: Coordinación de Comunicación Social Senado de la República

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, compareció ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, donde presentó los principales avances en materia ambiental, energética y de protección ecológica alcanzados durante el primer año de esta administración.

“Aunque el Gobierno Federal debe garantizar el suministro energético, también se tienen que reducir los impactos ecológicos y avanzar en un modelo con pleno respeto a la soberanía nacional”, afirmó Bárcena, al destacar que el 80% de las entidades regulables del sector energético incumplen con temas de impacto ambiental. Para atender esta situación, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) implementó un registro voluntario que ya suma 16,800 instalaciones inscritas, lo que representa el 90% del sector gasero y gasolinero.

La secretaria anunció que próximamente se publicarán dos Normas Oficiales Mexicanas de emergencia para establecer límites de velocidad en unidades de transporte y distribución de gas licuado de petróleo, una sustancia de alto riesgo. “Con esta medida podremos prevenir tragedias como la ocurrida en el Puente de la Concordia, reducir emisiones y tener mayor control sobre las estaciones de servicio”, explicó.

En materia hídrica, Bárcena informó que se trabaja en el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, y en la elaboración de un Plan Nacional Hídrico que incluye la tecnificación del riego agrícola y el ordenamiento de permisos y concesiones. Ese mismo día se presentaron las iniciativas de Ley General de Aguas y Ley de Aguas Nacionales, que buscan garantizar el derecho humano al agua.

Sobre la tala ilegal, la secretaria reconoció que existen problemas severos y que se ha detectado la intervención del crimen organizado, por lo que será necesario el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. No obstante, destacó que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se han clausurado 120 aserraderos y 400 predios de tala, asegurado más de 22 mil metros cúbicos de madera y presentado ante el Ministerio Público a 21 presuntos infractores.

En cuanto a la protección de especies, se han realizado 290 recorridos de vigilancia en el hábitat de la vaquita marina, retirado más de 12 kilómetros de redes ilegales y logrado sentencias de hasta siete años de prisión por delitos relacionados con la sobreexplotación de la totoaba.

Bárcena también presentó el programa Cero Deforestación, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que establece que a partir de enero todas las exportaciones de aguacate deberán contar con certificación ambiental. Además, el programa de Pago por Servicios Ambientales ha incorporado 250,287 hectáreas, de las cuales 22% están en áreas naturales protegidas y 67% en territorios indígenas, otorgando beneficios económicos a comunidades que protegen bosques, selvas y manglares.

En materia de protección animal, la secretaria celebró los avances legislativos que han permitido clausurar delfinariosen Quintana Roo y prohibir espectáculos con mamíferos marinos. “Es algo que se trabajó con ustedes, hombro con hombro, y lo agradezco infinitamente. Ya no se puede tener a los mamíferos marinos en cautiverio. Lo que se está logrando es que los delfines sean llevados a corrales marinos”, concluyó.

La comparecencia fue presidida por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, quien reconoció que México enfrenta una crisis ambiental global, pero cuenta con una Presidenta científica y ambientalista, lo que habilita condiciones de comprensión y responsabilidad frente a los desafíos ecológicos del país. Con estos avances, el gobierno reafirma su compromiso con una transformación ambiental justa, soberana y sostenible.

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