El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la minuta en materia de Ley de Amparo, una vez recibida, será analizada con cuidado, responsabilidad y sin fast track. En declaraciones a medios de comunicación, el legislador subrayó que la Cámara de Diputados, como Cámara revisora, tiene la obligación de revisar, corregir y enmendar cualquier disposición que genere confusión o afecte derechos adquiridos.

“Vamos a cuidar todos los plazos legales que se establecen. No habrá vía rápida. Vamos a esperar los plazos que la ley establece y una vez que se agoten, el Pleno determinará lo procedente”, indicó. Adelantó que solicitará al presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, distribuir la minuta entre todos los integrantes para iniciar reuniones de análisis.

Respecto al artículo transitorio que ha generado debate, Monreal fue claro: “El artículo 14 constitucional establece que no se le puede dar efectos retroactivos a ninguna ley en perjuicio de persona alguna. Vamos a darle congruencia a la Constitución”. Como constitucionalista y profesor de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que los juicios iniciados antes de la reforma deben continuar bajo las normas vigentes al momento de su inicio, y que cualquier modificación debe respetar las etapas procesales ya validadas.

“No puedes someter a un justiciable a acatar la ley que estás creando sin tomar en cuenta que antes había iniciado su juicio con normas distintas”, enfatizó. Aclaró que no considera que el Senado haya actuado con dolo, pero que la función de la Cámara revisora es precisamente corregir y perfeccionar lo que sea necesario.

Monreal explicó que en reformas procesales lo técnico y lo garantista es establecer un régimen transitorio claro, que evite que las reglas cambien en medio de un proceso judicial. “Lo lógico, lo constitucionalmente racional, lo apegado a la Carta Magna, es que concluya su juicio conforme a las normas jurídicas que existían cuando inició”, afirmó.

Finalmente, expresó su confianza en que prevalecerá el buen juicio en la Cámara de Diputados y que las comisiones harán lo correcto en la revisión del contenido de la reforma. “Tenemos la obligación de que en la norma jurídica que construimos se respeten los derechos adquiridos de los justiciables. Estos son bienes adquiridos”, concluyó.