El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley de Inversión Extranjera, enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación tras desestimar todas las reservas presentadas por las distintas bancadas.

En la votación en lo particular, el proyecto impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 321 votos a favor, 106 en contra y cero abstenciones, consolidando los nuevos mecanismos de supervisión sobre operaciones de capital internacional.

Durante la sesión se desecharon o retiraron las propuestas de modificación presentadas por diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC a diversos artículos y transitorios, por lo que el texto normativo se mantuvo intacto respecto a la minuta original.

La nueva legislación reestructura la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para incorporar con voz y voto a las personas titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Asimismo, ante análisis de riesgo, se sumarán con voz pero sin voto la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rindiendo la CNIE un informe semestral al Congreso de la Unión.

El corazón de la reforma radica en la creación del Título Sexto Bis, titulado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, el cual exige autorización previa para adquisiciones foráneas que superen el 49 por ciento del capital social en empresas cuyos activos rebasen los límites fijados por la autoridad.

Este control aplicará de manera obligatoria en sectores como infraestructuras estratégicas, suministro de insumos fundamentales, manejo de datos personales y tecnologías críticas, abarcando áreas como inteligencia artificial, semiconductores, robótica, ciberseguridad y biotecnología.

La CNIE dispondrá de un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver cada solicitud, determinando la viabilidad del proyecto, la exigencia de planes para la mitigación de riesgos o la negativa absoluta a la inversión por razones de soberanía.