La Secretaría de las Mujeres celebró la Declaratoria de Reforma Constitucional al artículo 73 de la Carta Magna, que faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia Secretaría, esta reforma permitirá contar por primera vez con un marco legal homologado en todo el país para combatir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.

La declaratoria fue emitida tras el aval de 27 congresos locales, entre ellos los de Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, entre otros. Con ello, el poder legislativo tiene un plazo de 180 días naturales para legislar y publicar la nueva normativa.

La ley establecerá que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, con perspectiva de género y protocolos especializados. Se homologará el tipo penal a nivel nacional y se fijarán penas de 40 a 70 años de prisión. Además, el delito no prescribirá, se perseguirá de oficio y no admitirá beneficios procesales, indultos ni amnistías. El agresor perderá la patria potestad, los derechos sucesorios y cualquier beneficio legal vinculado a la víctima.

El catálogo de razones de género se ampliará para incluir antecedentes de violencia, relación de pareja o confianza, violencia sexual, desaparición previa y contextos de desigualdad. Las penas se agravarán cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, embarazada, con discapacidad, indígena, periodista o defensora de derechos humanos, o cuando el crimen sea cometido por un servidor público.

La Secretaría de las Mujeres coordinará las políticas de prevención y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres. Los tres órdenes de gobierno deberán contar con fiscalías y unidades especializadas, personal pericial capacitado y recursos suficientes. El Estado asumirá la responsabilidad de la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, incluyendo registros nacionales para proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.

Con esta declaratoria, el Gobierno de México reafirma que erradicar la violencia feminicida es una responsabilidad del Estado en su conjunto y una condición indispensable para alcanzar la igualdad sustantiva.