Con unanimidad de 422 votos, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 13 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de que los titulares de dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal garanticen, respeten y protejan los derechos humanos de las y los trabajadores menores de edad mayores de 16 años, brindando apoyo y facilidades para que concluyan al menos su educación básica obligatoria. El proyecto fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

El régimen transitorio establece que las dependencias podrán coordinarse con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para implementar acciones adaptadas a las necesidades de cada centro de trabajo. La medida busca cerrar la brecha educativa que persiste en la administración pública, especialmente en niveles municipales.

De acuerdo con datos del INEGI, en 2019 el 60 por ciento de servidores públicos municipales carecía de educación básica. El Censo Nacional de Gobierno Federal 2023 reveló que el 3.3 por ciento de mujeres y el 5.2 por ciento de hombres en la administración pública no cuentan con educación básica. La reforma pretende mejorar la capacitación de trabajadores jóvenes, con efectos positivos en la productividad y en la calidad del servicio público.

La diputada Karla Patricia Sánchez Rodelo (Morena) explicó que la propuesta busca establecer de manera expresa la obligación de las dependencias de garantizar condiciones para que las personas trabajadoras concluyan su educación básica. “El rezago educativo limita tanto el desarrollo personal como el crecimiento profesional y el acceso a una mejor calidad de vida”, señaló.

Agregó que la reforma permitirá que jóvenes que forman parte de la administración pública y que por razones familiares o económicas no pudieron terminar su educación básica, reciban facilidades para concluirla. “Con esta reforma se da un paso para seguir cerrando la brecha de desigualdad y rezago educativo”, enfatizó.

La iniciativa reconoce que el Estado debe respetar y facilitar el derecho a la educación entre sus propios trabajadores, mediante programas de alfabetización, validación de saberes y horarios flexibles. Al fortalecer la formación de sus empleados, se consolida una administración pública más humana, competente y comprometida con la transformación social.