La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el proyecto será turnado a comisiones de la Cámara de Diputados y se discutirá en el próximo Periodo Extraordinario de Sesiones.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum explicó que la propuesta busca evitar que personas con posibles vínculos con delincuencia organizada puedan ser registradas como candidatas a puestos de elección popular. “Se trata de garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía lo hagan libres de cualquier riesgo asociado a la delincuencia organizada”, señaló.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que el objetivo es establecer mecanismos que permitan a los partidos políticos contar con información suficiente sobre los aspirantes, a partir del proceso electoral de 2027. Para ello, se contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.

De acuerdo con Alcalde Luján, esta comisión funcionará como vínculo entre los partidos políticos —que participarán de manera voluntaria— y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia. Su tarea será proporcionar información sobre posibles riesgos de vínculos con delincuencia organizada en las candidaturas, bajo condiciones de confidencialidad y reserva. “La idea es que los partidos tengan elementos objetivos para decidir si registran o no a una persona como candidata”, puntualizó.

E Poder Ejecutivo busca fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales y garantizar que las candidaturas estén libres de riesgos que puedan comprometer la seguridad y la legitimidad democrática.