Con 316 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la iniciativa presidencial que establece el marco regulatorio para la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, la cual deberá estar instalada antes del inicio del proceso electoral de 2027.

El objetivo de la Comisión es recibir de los partidos políticos o de las personas que aspiren a una candidatura independiente los listados de quienes pretendan postularse, para que en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, se realice un análisis de riesgo sobre sus perfiles. La información será voluntaria y confidencial, y servirá como herramienta preventiva para que los partidos determinen la procedencia de los registros.

La Comisión estará integrada por cinco consejeras o consejeros electorales, con duración de tres años en el cargo y presidencia rotativa anual. Sus atribuciones incluyen recibir listas de aspirantes, remitirlas a las instancias competentes y notificar a los partidos o candidatos independientes si se detecta un “riesgo razonable” en alguno de los perfiles.

Las instancias participantes serán la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que establecerán la metodología y criterios de evaluación. En caso de encontrar información relevante, podrán iniciar o continuar investigaciones conforme a sus atribuciones.

La reforma modifica el artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y adiciona el Título Segundo Bis al Libro Cuarto, con los artículos 200 Bis, 200 Ter y 200 Quater. El régimen transitorio establece que la Comisión deberá estar en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027 y que las erogaciones se cubrirán con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, sin recursos adicionales.

En la fundamentación, la Comisión de Reforma Política-Electoral destacó que la medida no es meramente administrativa, sino una transformación cualitativa del modelo de integridad electoral mexicano. “No se trata de limitar derechos o de desconfiar de la política, se trata de elevar estándares democráticos y construir confianza pública”, señala el documento.

Con esta aprobación, la LXVI Legislatura avanza en la construcción de un mecanismo preventivo para blindar las candidaturas frente a riesgos de vínculos con actividades delictivas, en línea con prácticas internacionales de gobernanza democrática.