Por primera vez en la historia de las políticas públicas para las mujeres en México, el país cuenta con un programa integral contra la violencia de género coordinado directamente por una secretaría dedicada exclusivamente a ese propósito. El pasado 18 de mayo, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres (PIPASEVM) 2026-2030, un instrumento que no solo define estrategias y acciones concretas, sino que obliga jurídicamente a todas las dependencias del Estado mexicano a sumarse a su cumplimiento.

El hecho de que sea la Secretaría de las Mujeres quien asuma la conducción y coordinación de este programa no es un detalle menor. Hasta ahora, este tipo de instrumentos habían sido responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, una dependencia de seguridad interior con una agenda vastamente más amplia. El traslado de esa responsabilidad a una institución cuyo mandato central es precisamente la igualdad y los derechos de las mujeres representa, en sí mismo, un cambio de paradigma: la política nacional ya no se organizará principalmente desde la contención y la reacción ante la violencia, sino desde la prevención profunda y estructural.

Este viraje fue impulsado desde la Dirección General para la Promoción de una Vida Libre de Violencias, adscrita a la Subsecretaría del Derecho a una Vida Libre de Violencias, bajo la conducción de la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar. Y el respaldo político al más alto nivel no es menor: al ser coordinado bajo el sistema interinstitucional presidido por la primera mujer en ocupar la Presidencia de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el programa adquiere un rango de incidencia política que sus antecesores no tenían.

El PIPASEVM 2026-2030 no surgió de escritorios ni de diagnósticos elaborados exclusivamente por funcionarios. Su diseño implicó un proceso participativo con enfoque feminista que incluyó foros, asambleas y mesas de diálogo realizadas en diversas regiones del país. En esos espacios se escuchó a aproximadamente 600 mujeres: víctimas directas de violencia, jóvenes, mujeres indígenas, normalistas y colectivas organizadas de entidades como Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México. Sus testimonios, propuestas y demandas no quedaron solo como documentos de consulta: se tradujeron directamente en las 143 líneas de acción que estructuran el programa.

Esa arquitectura se organiza en cuatro objetivos institucionales y 25 estrategias que responden, punto por punto, a los cuatro verbos que dan nombre al propio programa. El primero es prevenir: el programa apuesta por transformaciones socioculturales sostenibles que, con enfoque interseccional, intercultural y territorial, busquen frenar las violencias antes de que ocurran. El segundo es atender: se propone fortalecer la accesibilidad y especialización de los servicios gubernamentales en el territorio, con la Red Nacional de Centros LIBRE como núcleo operativo para la restitución integral de los derechos de las mujeres. El tercero es sancionar: mediante mecanismos de acompañamiento integral a las víctimas, reparación del daño y fortalecimiento de las capacidades de investigación con perspectiva de género. Y el cuarto es erradicar: construyendo un frente unificado entre todos los órdenes de gobierno para que ninguna institución pueda evadir su responsabilidad en el seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad.

Lo que distingue al PIPASEVM 2026-2030 de esfuerzos previos es su carácter vinculante. No se trata de recomendaciones ni de buenas intenciones redactadas en un documento que las dependencias pueden ignorar según sus prioridades. El programa establece tareas y responsabilidades obligatorias para todas las instituciones de la Administración Pública Federal, así como para los gobiernos estatales, bajo corresponsabilidad directa de gobernadoras y gobernadores, órganos autónomos e instancias de procuración y administración de justicia. Ningún actor institucional queda fuera del perímetro de obligaciones.

El sustento legal del programa proviene directamente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su alineación con el Eje Transversal 1 del Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Igualdad Sustantiva y Derechos de las Mujeres”, lo ancla a la política de Estado del actual gobierno. Además, las 143 líneas de acción que lo integran guiarán la asignación del presupuesto del Anexo Transversal 13 durante los próximos cuatro años, lo que significa que las demandas recogidas en aquellas asambleas y foros tendrán, al menos en papel, una traducción financiera concreta.

Con la entrada en vigor del PIPASEVM 2026-2030, el Gobierno de México coloca sobre la mesa una apuesta ambiciosa: que el aparato completo del Estado, desde los ministerios federales hasta los gobiernos locales, trabaje de manera coordinada para desmantelar las desigualdades estructurales que están en la raíz de las violencias contra las mujeres. Si las instituciones responden al mandato que les impone el programa, los resultados deberían comenzar a verse en los próximos cuatro años. La publicación puede consultarse de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federaciónen el sitio oficial del DOF.