El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional que introduce una causal de nulidad de elecciones por intervención o injerencia extranjera, logrando 85 votos a favor y 42 en contra. El dictamen fue enviado a las legislaturas de las entidades federativas para su análisis y deliberación.

El proyecto de decreto modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya incluía causales como el exceso de gasto de campaña y el uso indebido de recursos. Ahora, la nueva disposición busca abordar las formas contemporáneas de intervención, como la manipulación digital y las campañas de desinformación, elementos que no estaban contemplados previamente.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, defendió el dictamen, señalando que su propósito es “garantizar que en México las decisiones las tome el pueblo, sin presiones ni intereses externos”. Asimismo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la causal de nulidad no será automática y requerirá evidencia clara de actos de injerencia que afecten los resultados electorales.

Aunque el dictamen fue respaldado por varios senadores, recibió críticas por su ambigüedad. Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, advirtió que esta nueva causal podría ser interpretada de manera discrecional, poniendo en riesgo la libertad de expresión de organismos internacionales. Por su parte, Mely Romero Celis, del PRI, dijo que la reforma estaba diseñada para anular elecciones bajo preceptos “ambiguos y manipulables”.

La senadora Cynthia López Castro, de Morena, afirmó que la reforma es esencial para proteger la soberanía nacional, recordando que otras naciones, como Estados Unidos, también tienen leyes que prohíben la injerencia extranjera en procesos electorales. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC), criticó la falta de criterios claros para determinar la injerencia, lo que podría dar pie a abusos.

La discusión reflejó las tensiones actuales en el ámbito político respecto a la soberanía y la integridad de los procesos democráticos en México.