Con la mira puesta en cerrar la brecha digital, el Gobierno de México presentó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo principal conectar a 15 millones de personas que hoy no tienen acceso a internet. Esta iniciativa pretende también fortalecer derechos ciudadanos, garantizar la equidad en la oferta de servicios y fomentar la inclusión tecnológica, sobre todo en zonas marginadas.

En conferencia matutina, la mandataria explicó que la ley propone separar las funciones de competencia económica, que actualmente están en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para transferirlas a la nueva Comisión Antimonopolio, la cual será creada dentro de la Secretaría de Economía. A su vez, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) asumirán otras facultades del IFT.

Además de este rediseño institucional, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá ofrecer servicio de internet en zonas donde no existe cobertura, y lo hará en igualdad de condiciones con empresas privadas. “Hay muchos lugares que no tienen cobertura, queremos que en esos lugares haya cobertura. ¿Cómo? Hay una legislación en Brasil —de ahí lo tomamos— en donde el privado puede decir: ‘Yo te pongo cobertura en toda esta zona y de manera gratuita sobre los derechos de concesión’; se puede hacer eso. La otra es que CFE-Internet, Internet para Todos, pueda tener más facilidad para su cobertura”, explicó la presidenta.

También subrayó que se recuperan derechos fundamentales, como el de las audiencias a recibir información veraz, y el reconocimiento y fortalecimiento de las radios comunitarias, sobre todo en regiones indígenas y afromexicanas. Estas estaciones tendrán acceso simplificado al espectro, podrán obtener patrocinios y publicidad de comercios locales, y contarán con menos requisitos para operar.

José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, detalló que, de los 15 millones sin conexión, 10.2 millones viven en zonas sin cobertura y 4.4 millones en zonas con cobertura pero sin recursos para contratar el servicio. Recordó que durante el sexenio anterior se pasó de 13 mil a 141 mil localidades conectadas, lo que benefició a 97 millones de personas con el programa Conectividad para el Bienestar, que distribuyó 2.9 millones de tarjetas SIM con acceso gratuito a datos y minutos.

Aun así, el 8% de la población sigue fuera del alcance del internet. En localidades con más de 2,500 habitantes la cobertura alcanza el 96%, pero en comunidades con menos de 200 personas, apenas llega al 26%. Por eso, esta nueva legislación busca regular el acceso y uso de señales de comunicación como herramienta para el desarrollo social y económico.

Entre los cambios propuestos, se contempla que el espectro de uso público se utilice para internet gratuito en oficinas de gobierno, programas sociales y espacios comunitarios, mientras que el espectro de uso comercial incluirá tanto a privados como a la CFE. También habrá cobertura carretera y social a cambio de descuentos en el pago por espectro, así como la posibilidad de que pequeños operadores y radios comunitarias se conecten a redes de grandes compañías, compartiendo infraestructura con costos accesibles y no discriminatorios.

La iniciativa también incorpora medidas para proteger recursos orbitales del país y prevé planes de contingencia y reemplazo en caso de pérdida. Establece además derechos para los usuarios, como la posibilidad de adquirir dispositivos abiertos, compatibles con cualquier tarjeta SIM y recargables en múltiples establecimientos.

En materia de seguridad y orden urbano, la ley contempla el bloqueo de señales en centros penitenciarios, medida que será ejecutada por las compañías de telecomunicaciones, así como el retiro de cableado en desuso para evitar contaminación visual y riesgos.

Un punto importante es la creación de un organismo colegiado desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, que estará conformado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado, con el fin de garantizar una regulación eficiente, transparente y con enfoque ciudadano.

Finalmente, la presidenta informó que se eliminó el artículo 109 de la iniciativa para evitar confusiones, ya que originalmente estaba vinculado con la Ley del IVA sobre plataformas de venta, y se aclaró en el artículo 210 que ningún gobierno extranjero podrá realizar propaganda política, ideológica o comercial, salvo con fines turísticos, culturales o deportivos.

La nueva ley propone un cambio estructural profundo, con enfoque en la inclusión digital, la igualdad de condiciones entre actores públicos y privados, y el fortalecimiento de derechos en el ecosistema de telecomunicaciones del país.