Las diputadas y los diputados de las bancadas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC chocaron en el Pleno de la Cámara de Diputados al fijar sus posturas sobre el dictamen que modifica la Ley de Inversión Extranjera para evaluar operaciones que representen riesgos a la seguridad nacional.

En la defensa del dictamen, la diputada María de los Dolores Padierna Luna de Morena argumentó que si bien el país requiere crecimiento, “también necesita preservar su seguridad nacional y su capacidad de decisión sobre sectores estratégicos” como redes eléctricas, centros de datos y cadenas de suministro.

A favor de la propuesta, el diputado José Alejandro Aguilar López del PT precisó que la reforma fija un análisis obligatorio cuando capitales extranjeros busquen controlar más del 49 por ciento de empresas en minería, energía, inteligencia artificial y telecomunicaciones, dando un plazo de 45 días hábiles para autorizar, imponer condiciones o rechazar la operación.

En contraste, la oposición recriminó que la reforma genera incertidumbre financiera; el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez del PAN afirmó que la norma carece de parámetros claros sobre montos y procedimientos, rematando que “en México no se invierte por las leyes que están siendo absurdas y que no les dan certeza a los inversionistas”.

Por su parte, el diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo del PRI acusó que el dictamen promueve “la militarización de decisiones económicas” al integrar con voz y voto permanente a la Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

En el mismo sentido, el diputado Gibrán Ramírez Reyes de Movimiento Ciudadano sostuvo que la participación de las fuerzas armadas debería limitarse a riesgos documentados en instalaciones sensibles,subrayando que “proteger la soberanía no exige convertir la política económica en una extensión de los cuarteles”.

Finalmente, el diputado José Luis Durán Reveles del PVEM aclaró que la medida no busca frenar el capital foráneo, sino fijar controles específicos en empresas de alto valor e infraestructura estratégica,garantizando que el órgano colegiado actúe bajo apego a la ley.