El Senado de la República aprobó dos medidas clave para la vida económica y digital del país: la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio y una nueva Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión, ambas orientadas a proteger los derechos de las y los consumidores, garantizar la competencia justa y promover la inclusión digital.

Se crea la Comisión Nacional Antimonopolio

Con el objetivo de frenar los abusos en los mercados, las y los senadores avalaron la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, un nuevo organismo que tendrá la responsabilidad de vigilar, investigar y sancionar prácticas comerciales ilegales, como la fijación de precios, acuerdos entre empresas para manipular el mercado o la creación de monopolios que limiten la competencia.

Esta comisión también buscará abrir el mercado a más actores, especialmente a pequeñas y medianas empresas, con el propósito de impulsar la innovación, la calidad de los productos y servicios, y precios más justos para las y los consumidores.

Durante la sesión, se enfatizó que esta decisión responde a una necesidad urgente de mayor equidad económica, ya que muchas industrias clave —como el transporte, las telecomunicaciones, los alimentos y los servicios financieros— enfrentan concentraciones de poder que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía.

Además, se establecerán mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana para asegurar que este nuevo organismo actúe con imparcialidad y transparencia.

Nueva Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión

En una segunda decisión relevante, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en las que se reconoce el acceso a internet como un derecho universal, lo que significa que el Estado deberá garantizar que toda persona, sin importar su condición económica o lugar de residencia, pueda conectarse de forma segura y asequible.

Las reformas también fortalecen los derechos de las y los usuarios, al establecer medidas contra fallas injustificadas en el servicio, cobros indebidos y cláusulas abusivas en los contratos, así como la obligación de las empresas proveedoras de ofrecer atención digna y accesible.

Otro de los aspectos más destacados de esta nueva ley es que promueve la inclusión digital de personas con discapacidad, al establecer que los contenidos audiovisuales y plataformas de comunicación deben contar con herramientas accesibles, como subtítulos, lengua de señas y navegación asistida.

Estas medidas se enmarcan en un compromiso del Estado mexicano con la equidad, la justicia social y el bienestar digital, reconociendo que el acceso a la información, la comunicación y el comercio en línea son esenciales para el desarrollo económico, educativo y cultural de la población.

Con estas decisiones, el Senado marca un precedente en la transformación de políticas públicas que buscan poner los derechos ciudadanos al centro del desarrollo tecnológico y económico del país.