Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó este miércoles las 10 acciones prioritarias para la implementación de las recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas, como parte del compromiso del nuevo gobierno federal con la verdad, la justicia y la atención integral a las víctimas.

En conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez destacó que esta agenda responde a la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió hacer de este tema una prioridad nacional. “Por eso, no basta con la aprobación de la ley; estamos trabajando en las consideraciones que nos han planteado, así como la armonización de instrumentos normativos para el diseño de una política pública en la materia”, aseguró la funcionaria.

Entre las medidas más relevantes está la expedición del Reglamento de la Ley de Búsqueda, con una fecha límite del 15 de octubre de 2025, así como la actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB) para incorporar planes de seguridad durante los operativos y esquemas de protección para las familias buscadoras.

La estrategia incluye también la puesta en marcha de una Plataforma Única de Identidad y una Alerta Nacional de Búsqueda, además del uso de datos biométricos e imágenes satelitales para reforzar las labores en campo. Otros puntos clave contemplan el fortalecimiento de Fiscalías Especializadas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, y la atención del rezago en la identificación de cuerpos y restos humanos.

También se contempla atención psicosocial y educativa para hijos e hijas de personas desaparecidas, la armonización de leyes locales con la normativa federal, y la realización de sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda para dar seguimiento continuo.

El desarrollo de estas acciones se enmarca en cinco ejes rectores: búsqueda y seguridad; identificación humana forense; bases de datos y sistemas de información; bienestar integral y prevención, así como campañas de sensibilización socialpara reducir los factores de riesgo asociados a la desaparición.

Durante el proceso de formulación participaron más de 450 colectivos y redes de familiares, que aportaron 570 propuestas tanto legislativas como de política pública. Este diálogo amplio y plural permitió articular una visión conjunta entre sociedad civil y gobierno.

En el encuentro también estuvieron presentes Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; Sara Irene Herrerías, fiscal especializada de la FGR; Arturo Arce, director general del Renapo, y Froylán Enciso, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos.

A la estrategia se suman 17 dependencias gubernamentales y organismos internacionales, entre ellos la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

El anuncio marca un nuevo paso en la construcción de una política de Estado que articula la voz de las familias, la experticia institucional y el mandato presidencial de atender con urgencia esta crisis humanitaria.