En un acto enfocado en la protección de los derechos de las infancias, la senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño, presentó un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir el traslado a un penal varonil del presunto asesino del niño Jasiel Giovanny, actualmente recluido en un centro penitenciario femenil del estado de Chihuahua.

La senadora explicó que el imputado, Abraham Alejandro “N”, aunque fue asignado al género femenino al nacer, ha realizado un proceso de transición de género desde hace años, por lo que legal y socialmente es reconocido como una persona del género masculino. “En coherencia con su decisión e identidad, debe ser trasladado a un penal varonil”, subrayó.

Chávez calificó este caso como uno de los más estremecedores en la historia reciente de Chihuahua. Según información difundida en medios, el pasado 2 de julio, el menor Jasiel Giovanny, de apenas ocho años, fue sustraído de su hogar por su padrastro, quien presuntamente lo agredió brutalmente hasta causarle la muerte.

En su intervención, la senadora criticó la decisión del juez de control que determinó el ingreso del presunto responsable a un penal femenil, señalando que esto pone en riesgo a las mujeres privadas de la libertad que viven ahí con sus hijas e hijos menores de tres años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

“El ingreso de una persona vinculada a proceso por delitos tan graves como infanticidio y violación a un espacio donde habitan niños, incluso en un contexto de reclusión, no solo contraviene el principio de interés superior de la niñez, sino que puede constituir una omisión institucional grave”, advirtió.

La propuesta de Chávez va en coordinación con la presentada por la diputada federal Greycy Durán, del Partido del Trabajo, quien también solicitó el traslado inmediato del imputado a un centro penitenciario varonil, en apego a su identidad legal y personal reconocida.

La senadora enfatizó que las decisiones judiciales deben proteger los derechos humanos, pero también garantizar condiciones seguras para todas las personas involucradas, en especial cuando hay niñas y niños en espacios penitenciarios. “El respeto irrestricto a los derechos humanos y el principio pro persona deben guiar las decisiones, pero nunca a costa del bienestar y seguridad de la infancia”, concluyó.