Con 314 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de Inversión Extranjera, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual crea mecanismos para evaluar y prevenir riesgos a la seguridad nacional derivados de compras de empresas mexicanas por capitales internacionales.

La modificación amplía formalmente la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), incorporando con voz y voto a las personas titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Asimismo, cuando la CNIE sesione para evaluar asuntos en materia de seguridad nacional, participarán como invitados permanentes con voz pero sin voto los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El decreto crea el Título Sexto Bis, denominado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”,donde se exige una resolución favorable previa para que inversionistas extranjeros adquieran más del 49 por ciento del capital social de sociedades mexicanas cuyo valor supere los umbrales que fije la autoridad.

Esta revisión obligatoria aplicará cuando las empresas operen en infraestructuras estratégicas como energía, transporte, minería, salud, comunicaciones y centros de datos, así como en tecnologías críticasentre las que destacan inteligencia artificial, semiconductores, robótica, ciberseguridad,nanotecnología y biotecnología.

También se someterán a escrutinio las compras en sectores vinculados al suministro de insumos fundamentales, seguridad alimentaria y aquellas actividades que involucren el manejo o control de datos personales e información sensible.

La CNIE contará con un plazo máximo de 45 días hábiles para emitir su fallo, pudiendo declarar la inexistencia de riesgos, condicionar la operación a un plan de mitigación o rechazar la adquisición por razones de soberanía, fijando multas de hasta 200 mil UMAs para las empresas que incumplan.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, dio paso a la discusión en lo particular de las reservas presentadas a diversos artículos del proyecto y sus transitorios.