Con el objetivo de brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias poblanas, el gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó la Firma de Convenio de Coordinación con 14 municipios, con la que arranca el Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos en Régimen de Propiedad Privada, una estrategia que busca garantizar el acceso a un título de propiedad como parte del derecho al bienestar.

“Qué importante es que una persona tenga su título de propiedad de su casa, cuántos casos de inseguridad hemos visto porque se pelean la herencia, cuántos homicidios por un pedazo de tierra en juicio”, subrayó Alejandro Armenta, al explicar que todo lo que realiza su gobierno está orientado a dar certidumbre a las familias poblanas.

La firma de este convenio, gestionada a través de la Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población, sienta las bases para que miles de familias puedan regularizar la tenencia de su tierra y asegurar su patrimonio. Con este paso, el Gobierno del Estado da respuesta a una problemática histórica que afecta la estabilidad de muchas comunidades.

La titular de esta dependencia, Nora Estela Esquitín de la Madrid, reconoció la disposición de las autoridades municipales y reafirmó que este programa se extenderá a los 217 municipios de la entidad. “Iniciamos el programa de regularización de predios rústicos, urbanos y suburbanos en el régimen de propiedad privada para dar seguridad en el patrimonio de todas y todos”, afirmó.

Los primeros municipios que forman parte de esta etapa son: Atlixco, Amozoc, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Cuautlancingo, Coronango, Chignahuapan, Chietla, Chiautla de Tapia, Huauchinango, San Pedro Cholula, Tlachichuca y San Martín Texmelucan.

Alejandro Armenta reiteró que su administración trabaja en estrecha colaboración con las y los presidentes municipales para construir un Puebla más justo, seguro y con igualdad de oportunidades. Esta estrategia, subrayó, también previene conflictos legales y familiares, al permitir que cada persona tenga respaldo legal sobre el lugar donde vive o trabaja.

Con acciones como esta, el Gobierno del Estado pone en el centro el derecho de las personas a vivir sin miedo y con un patrimonio protegido, consolidando así una política de bienestar que prioriza la seguridad jurídica como parte del desarrollo social.