El cambio climático no es solo un desafío ambiental, sino una emergencia que exige acción inmediata, coherencia política y un enfoque comunitario y científico. Así lo plantearon especialistas durante la tercera sesión del Seminario Permanente Internacional Interdisciplinario sobre Emergencia Social Comunitaria, donde coincidieron en que la información ya está disponible: el reto ahora es transformar el conocimiento en políticas públicas efectivas y gobernanza integral.

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, advirtió que “la información la tenemos, debemos actuar”. Detalló que el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero ya identifica claramente las actividades humanas que provocan el calentamiento global, así como las emisiones totales de dióxido de carbono en México y la capacidad de absorción de los sumideros naturales.

A manera de ejemplo, propuso medidas como la implementación de alertas tempranas, manejo costero y protección civil para mitigar los impactos de fenómenos meteorológicos extremos. Recordó que los ciclos de precipitación y sequía se han intensificado, y para este año se pronostican entre 16 y 20 huracanes en el Pacífico mexicano, y de 13 a 17 en el Atlántico.

Desde la Universidad Veracruzana, José Antonio Pensado Fernández, colaborador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, reforzó la importancia de una gobernanza efectiva que trascienda niveles de gobierno y se enraíce en la sociedad. Propuso soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de ecosistemas, que puedan generar resiliencia colectiva desde las estructuras ecológicas y sociales.

“La resiliencia debe entenderse como un bien común; no puedo blindar mi casa ante un huracán si la comunidad se verá afectada por el suceso. No somos un sistema aislado y tampoco debemos esperar a que alguien venga de fuera y nos diga qué hacer”, expresó el especialista.

Además, subrayó que es fundamental combinar el conocimiento técnico-científico con las capacidades locales. “Las comunidades deben tener la facilidad de reconocer, entender y actuar ante estos riesgos y fenómenos desde sus propios saberes”, sostuvo.

Durante la sesión, moderada por el investigador Enrique Pastor Seller, de la Universidad de Murcia, también intervino Esteban Sánchez Moreno, catedrático de Sociología en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, quien alertó sobre los obstáculos sociales que enfrentan las políticas públicas climáticas.

Sánchez Moreno explicó que, pese a la creciente presión por adoptar medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático, “cada vez más este fenómeno es objeto de cuestionamiento político y social”. En su análisis, esto se relaciona con la sostenibilidad social: es decir, aunque se proponen tecnologías o medidas sustentables, la desigualdad económicaimpide que sectores vulnerables las adopten.

“Hasta que no comencemos a explorar en el modelo de desarrollo contemporáneo las causas de ese comportamiento social que lleva a negar la existencia de un problema como el cambio climático, ninguna política pública será eficaz porque tampoco recibirá apoyo de la población”, concluyó.

La sesión fue organizada por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, como parte de un esfuerzo académico por vincular la acción climática con la justicia social, la participación comunitaria y el compromiso gubernamental.

En tiempos donde la información científica es clara y las consecuencias son palpables, el mensaje compartido por los especialistas es contundente: ya no basta con diagnosticar; es momento de actuar, en red, con equidad y visión de largo plazo.