Erradicar el embarazo en adolescentes, las uniones forzadas y la violencia sexual contra niñas y adolescentes es una prioridad para el Gobierno de México, y Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, lo dejó claro durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA), donde presentó una nueva estrategia nacional que concentrará esfuerzos en los municipios con mayor incidencia de estos fenómenos.

Acompañada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, y Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población, Citlalli Hernández expuso la Estrategia para la prevención, atención y erradicación de la violencia sexual, el embarazo adolescente y las uniones forzadas: Niñas y Adolescentes Libres y Seguras, diseñada para atender esta problemática de manera integral, con acciones concretas y recursos específicos en el territorio.

Una de las decisiones más relevantes anunciadas por la secretaria es que los recursos del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) serán asignados directamente a 50 municipios del país identificados con los índices más altos de violencia sexual, uniones forzadas y embarazos adolescentes. “La política pública debe ir a donde más se necesita. En estos municipios se concentra la mayor urgencia y ahí vamos a actuar con toda la fuerza institucional”, subrayó Citlalli Hernández.

Esta estrategia articula a 35 dependencias del Gobierno de México y busca no sólo atender los casos de violencia y maternidad infantil, sino también prevenirlos desde un enfoque estructural. Para lograrlo, se tomaron en cuenta variables demográficas, sociales y económicas que reflejan las causas de fondo que enfrentan miles de niñas y adolescentes en el país.

Durante la reunión, Gabriela Rodríguez Ramírez presentó un análisis detallado que evidencia cómo factores como la pobreza, la falta de acceso a la educación sexual integral, la desigualdad de género y la normalización de prácticas como los matrimonios arreglados siguen impactando gravemente la vida de las menores. Ante ello, la estrategia busca romper ese ciclo de violencia a través de intervenciones educativas, atención médica especializada, protección jurídica y acompañamiento comunitario, entre otras acciones.

“Tenemos que terminar con las uniones infantiles y castigar a quienes obligan o violan a las niñas. No hay lugar para la impunidad en estos casos”, expresó Rosa Icela Rodríguez, al reiterar que este tema es una prioridad personal para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha solicitado acelerar todos los mecanismos de respuesta para proteger a las niñas y adolescentes mexicanas.

El enfoque de la estrategia presentada por Citlalli Hernández es claro: actuar con perspectiva de género, justicia territorial y coordinación institucional para garantizar que ninguna niña tenga que renunciar a su infancia, a su derecho a estudiar o a vivir sin miedo. “Queremos que cada niña en México crezca libre y segura, con futuro, con oportunidades y sin miedo. Esa es la misión que nos mueve”, afirmó la secretaria.

Entre las funcionarias y funcionarios asistentes también estuvieron presentes Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos; Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias; Elvira Concheiro Bórquez, subsecretaria de Igualdad Sustantiva; Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica; María del Rocío García Pérez, directora del SNDIF; Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del SIPINNA; y Teresa Ramos Arreola, directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva.

Con este encuentro se dio inicio a la construcción colectiva de la tercera fase de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), consolidando una ruta de trabajo que busca garantizar que la niñez y adolescencia en México se desarrolle con plena libertad, autonomía y dignidad.