Con una acción concreta para enfrentar la violencia feminicida en el país, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, encabezó la emisión de lineamientos y criterios clave para proteger a mujeres víctimas de violencia. El pasado 28 de febrero, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación tres instrumentos normativos que aseguran la continuidad de recursos para refugios especializados, alertas de violencia de género y centros de justicia para las mujeres, con una inversión de 792 millones 3 mil 888 pesos.

Esta decisión marca un momento relevante para la gestión pública en favor de los derechos de las mujeres. De manera puntual, los lineamientos abarcan: el Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos; las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en estados y municipios; y los Criterios para la Creación, Fortalecimiento y Operación de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Con estos lineamientos, Citlalli Hernández responde a una demanda histórica de organizaciones, activistas y defensoras de derechos humanos: garantizar la operación sostenida de espacios de protección y atención para mujeres que viven violencia extrema. “Se trata de que ningún refugio se quede sin recursos y que la atención a las mujeres sea prioritaria en la agenda pública nacional”, ha reiterado la funcionaria en diversos espacios.

El Programa de Apoyo a Refugios permitirá canalizar fondos federales a por lo menos 42 Centros de Atención Externa y 73 Refugios en todo el país, enfocados en brindar protección integral a mujeres y sus hijas e hijos. Estos espacios no solo representan un lugar seguro, sino también el primer paso para romper ciclos de violencia.

En cuanto a los Centros de Justicia para las Mujeres, actualmente existen 74 en las 32 entidades del país. Los nuevos criterios buscan apoyar su creación y fortalecimiento, así como asegurar su funcionamiento con un enfoque integral y con personal capacitado para atender casos de violencia desde una perspectiva de derechos humanos y género. Son espacios donde las mujeres pueden acceder a servicios legales, psicológicos y de trabajo social sin tener que revictimizarse.

Sobre las acciones de coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, se destaca su función estratégica para articular a gobiernos estatales y municipales, así como a universidades, especialistas, activistas y organizaciones civiles. Este mecanismo busca diseñar soluciones de fondo, con impacto estructural para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Las entidades que podrán acceder a estos recursos son aquellas con declaratoria de alerta vigente, entre ellas: Baja California, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

“Nuestro compromiso es que los derechos de las mujeres no dependan del lugar donde nacieron ni de su situación económica. Vamos a garantizar que todas tengan acceso real a la protección y la justicia”, ha expresado Citlalli Hernández, quien lidera desde la Secretaría de las Mujeres una transformación institucional para erradicar la violencia feminicida con acciones medibles, recursos claros y resultados esperados.

Los lineamientos publicados son un avance técnico y político para institucionalizar la protección de los derechos de las mujeres, y pueden consultarse de forma pública en www.gob.mx/mujeres.