Foto: Coordinación de Comunicación Social Cámara de Diputados
Desde este sábado 14 de noviembre de 2026, entró en vigor en todo México la reforma a la Ley General de Turismo que obliga a hoteles, aerolíneas, agencias y cualquier prestador de servicios turísticos a verificar el parentesco de los adultos que viajen acompañados de menores de edad, con el objetivo de frenar el turismo sexual infantil y detectar posibles delitos contra niñas, niños y adolescentes.
El decreto, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) este viernes 13 de noviembre, adiciona las fracciones X Bis y X Ter al artículo 58 de dicha ley, estableciendo candados estrictos antes de brindar cualquier atención, ya sea de forma presencial o mediante plataformas electrónicas.
Con esta nueva disposición, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación legal de exigir documentos oficiales que acrediten el parentesco, la patria potestad, la tutela, la guarda y custodia, o bien,comprobar que el acompañante es mayor de edad.
En caso de que la persona adulta no pueda comprobar este vínculo legal con el menor, el establecimiento deberá negar el servicio de inmediato y dar aviso a las autoridades investigadoras correspondientes ante la sospecha de un posible delito.
Asimismo, la normativa instruye al sector turístico a aplicar protocolos y acciones preventivas diseñadas por las autoridades competentes, poniendo siempre por delante el interés superior de la niñez para salvaguardar la integridad y la vida de los menores de edad.
Esta reforma tiene su origen en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el pasado 29 de abril de 2025, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por unanimidad con 451 votos a favor, turnándolo posteriormente al Senado de la República para concluir su proceso constitucional.
De acuerdo con el DOF, los establecimientos y plataformas digitales deberán implementar estas medidas de seguridad “previo a la prestación del servicio, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos”, cerrando así el paso a redes de explotación infantil en destinos vacacionales del país.

