El Pleno del Senado de la República dio trámite de primera lectura al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de poner un alto al acoso publicitario.

La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, establece la prohibición explícita para que proveedores y empresas realicen llamadas telefónicas o envíen mensajes de forma reiterada y persistente con fines comerciales o de mercadotecnia.

Esta medida refuerza el marco legal vigente, impidiendo el envío de publicidad a personas que hayan manifestado su negativa expresa o que se encuentren dadas de alta en los registros oficiales de protección al usuario.

Asimismo, la legislación mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando la publicidad masiva o el contacto persistente se realice mediante terceras empresas o call centers contratados.

Para garantizar el cumplimiento de la norma, el dictamen eleva los montos mínimos de sanción, fijando multas que van de los 56 mil 570 pesos a más de dos millones 345 mil pesos a quienes incurran en estas prácticas no autorizadas.