El Gobierno de México trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberen cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas sin que exista un juicio de fondo. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que estas reformas buscan fortalecer las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para frenar el lavado de dinero, la corrupción y la delincuencia organizada.

Sheinbaum Pardo señaló que actualmente, cuando la UIF detecta movimientos financieros sospechosos, bloquea las cuentas involucradas. Sin embargo, algunas personas se amparan y obtienen la liberación de sus recursos sin un juicio de fondo, lo que, en palabras de la mandataria, representa un acto de corrupción. La Presidenta enfatizó que es fundamental que la liberación de cuentas solo ocurra cuando se demuestre que hubo una mala interpretación de la UIF y no mediante suspensiones provisionales.

El Gobierno de México está impulsando reformas a la Ley de Amparo, leyes de procedimiento y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), que ya se discute en el Senado. Estas medidas buscan garantizar que los recursos obtenidos de manera ilícita no sigan siendo utilizados mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Durante su conferencia matutina, la presidenta reafirmó su compromiso con la cero impunidad en casos de corrupción y delincuencia organizada. Aseguró que las reformas propuestas también están alineadas con la reforma al Poder Judicial y la necesidad de evitar que jueces liberen cuentas sin un juicio de fondo. Destacó que la Fiscalía debe actuar con independencia y dar resultados en la persecución de estos delitos sin que exista protección para ningún individuo.

Por su parte, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, detalló que la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) es una medida preventiva utilizada para evitar que recursos de origen ilícito sigan circulando en la economía. Desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2025, se han incluido en la LPB un total de 7,815 sujetos, de los cuales 5,904 son personas físicas y 1,911 personas morales. Durante este periodo, se han bloqueado 32,500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros, aunque gran parte de estos fondos han sido liberados por resoluciones judiciales.

En el Senado de la República ya se discuten modificaciones a la Ley ORPI y al Código Penal, con el objetivo de permitir que el Gobierno de México represente al sistema financiero en juicios relacionados con delitos financieros. Además, se analiza una reforma a la Ley de Amparo para evitar que se convierta en un instrumento que debilite la funcionalidad de la LPB.

Uno de los casos recientes más relevantes mencionados por Gómez Álvarez es el de Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga. La orden judicial de eliminarlos de la LPB les permitirá acceder nuevamente al sistema financiero nacional, a pesar de contar con órdenes de aprehensión en su contra. Se espera que ambos sean extraditados desde Estados Unidos para enfrentar la justicia en México.

Con estas reformas, el Gobierno de México busca cerrar los vacíos legales que han permitido la liberación de recursos de origen ilícito y garantizar que los responsables de delitos financieros enfrenten la justicia sin excepciones.