Con el objetivo de fortalecer la democracia y adecuar el sistema electoral a los tiempos actuales, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que estará a cargo del economista y político Pablo Gómez Álvarez.

La comisión tendrá dos tareas fundamentales: elaborar un diagnóstico profundo del estado actual del modelo electoral y de partidos, y diseñar una propuesta de reforma legislativa que garantice procesos más representativos, transparentes y centrados en la participación ciudadana.

“Queremos un sistema electoral que esté verdaderamente al servicio del pueblo, que refleje los valores democráticos que hoy defiende la mayoría del país”, ha expresado en distintas ocasiones la Jefa del Ejecutivo federal.

En los próximos días, se dará a conocer la integración completa de esta comisión, cuyos integrantes trabajarán de forma coordinada con el Poder Legislativo, así como con académicos, especialistas, organizaciones civiles y ciudadaníainteresada en construir un modelo más justo y eficiente. Entre los temas que se analizarán destacan la representación popular y los mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum y la revocación de mandato.

El nuevo encargado de esta comisión, Pablo Gómez Álvarez, cuenta con una amplia trayectoria en la vida pública mexicana. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha sido diputado federal en cuatro ocasiones, senador de la República y uno de los impulsores de reformas político-electorales clave en la historia reciente del país. Hasta ahora se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Gómez Álvarez también es autor y coautor de diversos libros, articulista en medios nacionales y reconocido conferencista. Su participación al frente de esta nueva comisión representa una apuesta por la experiencia, el conocimiento técnico y el compromiso con las causas democráticas.

Con esta decisión, el Gobierno de México reafirma su compromiso de avanzar hacia una democracia más participativa, representativa y alineada con los desafíos de una ciudadanía cada vez más informada, crítica y activa.