La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de la Unión de una serie de iniciativas de ley para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión, como parte de una estrategia nacional que busca frenar este fenómeno delictivo con una intervención reforzada y coordinada entre instituciones.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, recordó que el pasado 9 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 de la Constitución, que otorga al Congreso la facultad de emitir una Ley General contra la extorsión. Esta reforma permitirá que todas las entidades federativas persigan este delito de oficio, sin que la investigación dependa de la presentación de una denuncia.

La iniciativa fue construida en una mesa técnica interinstitucional y contempla elementos clave como la coordinación entre autoridades, un tipo penal básico, mecanismos para la investigación, persecución y sanción, así como acciones transversales y reglas especiales para combatir la extorsión en centros penitenciarios.

Entre las medidas propuestas, se establecen penas de seis a 15 años de prisión, con agravantes en casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o si el delito es cometido por una persona servidora pública. Además, se eleva a rango de ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que incluye el número 089 como canal de denuncia.

También se propone la armonización de ordenamientos legales como el Código Penal Federal, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, para que el delito de extorsión sea susceptible de esta figura jurídica.

“Esta iniciativa contribuye a la política nacional que busca combatir, enfrentar y frenar el avance de este fenómeno delictivo que ha afectado a nuestra sociedad”, afirmó Godoy Ramos. “Requiere de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del Estado mexicano para su erradicación”, concluyó.

Con este paso, el Gobierno de México busca establecer un marco legal robusto que permita actuar con mayor eficacia frente a la extorsión, proteger a las víctimas y fortalecer la seguridad en todo el país.