Jubilados bloquean San Lázaro; Cámara acusa presión en negociación

Foto: Coordinación de Comunicación Social Cámara de Diputados

La tensión entre la administración de la Cámara de Diputados y un grupo de jubilados escaló este jueves luego de que extrabajadores bloquearan accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir la permanencia de un apoyo económico mensual que recientemente fue suspendido.

Tras la protesta, el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah Gebara, aseguró que las autoridades mantienen disposición para continuar las conversaciones, aunque advirtió que las negociaciones no pueden realizarse bajo presión.

“Seguimos abiertos al diálogo, pero este no puede ser secuestrado, como lo ha sido hoy”, declaró el funcionario al referirse al cierre de accesos realizado por los manifestantes.

De acuerdo con Farah, la reunión con representantes de los jubilados transcurría de manera normal y se analizaban posibles alternativas para atender sus demandas. Sin embargo, afirmó que el diálogo se rompió cuando los representantes exigieron una solución inmediata y, de manera simultánea, dieron indicaciones para bloquear el recinto legislativo.

“Eso no es negociación y eso no es diálogo. Eso es una imposición y una absoluta intransigencia”, sostuvo.

Los jubilados reclaman la eliminación de un apoyo mensual de 16 mil 500 pesos, prestación adicional a la pensión que reciben por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Según la administración de la Cámara, dicho beneficio fue suspendido debido a restricciones presupuestales y al crecimiento sostenido de los compromisos financieros relacionados con personal sindicalizado y jubilado.

El secretario general explicó que los extrabajadores continúan recibiendo sus pensiones del ISSSTE, las cuales, afirmó, oscilan entre 27 mil y 35 mil pesos mensuales, montos que superan el promedio de jubilación registrado en ese instituto.

Farah señaló que la controversia no gira en torno a las pensiones legales de los jubilados, sino a un apoyo complementario que la Cámara otorgaba con recursos propios. Argumentó que mantener ese esquema resulta cada vez más complejo debido al incremento anual del número de jubilados y a las limitaciones presupuestarias del Poder Legislativo.

Como parte de su exposición, detalló que mientras el presupuesto general de la Cámara creció 13.8 por ciento en los últimos ocho años, el gasto relacionado con personal sindicalizado, prestaciones y jubilaciones registró un incremento de 63 por ciento en el mismo periodo.

Asimismo, indicó que el gasto sindical pasó de representar 11.4 por ciento del presupuesto legislativo en 2012 a cerca de 19 por ciento en la actualidad.

Durante la negociación, la administración planteó distintas alternativas, entre ellas ampliar apoyos extraordinarios que ya se han ofrecido a otros jubilados. Según Farah, aproximadamente la mitad de los beneficiarios aceptó previamente un esquema consistente en el pago de los primeros meses del año y un apoyo único de 50 mil pesos.

No obstante, afirmó que los representantes presentes rechazaron las propuestas y demandaron mantener el apoyo mensual en los términos anteriores.

El funcionario también aseguró que existe un componente jurídico que complica cualquier acuerdo definitivo, debido a que los jubilados promovieron procedimientos legales para reclamar la continuidad del beneficio.

“Si los tribunales dicen que no es un derecho adquirido, estaríamos incurriendo en un pago indebido”, argumentó.

Pese al conflicto, Farah descartó de manera categórica el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes que permanecen en el recinto legislativo.

“No va a haber petición de la fuerza pública. Así sean cuatro jubilados o cien, no se va a pedir el uso de la fuerza pública”, afirmó.

El secretario general insistió en que la Cámara mantiene disposición para retomar las conversaciones y analizar nuevas alternativas, siempre que existan condiciones para una negociación sin bloqueos ni presiones.

La protesta mantiene afectaciones a las actividades del Palacio Legislativo y ocurre mientras ambas partes sostienen posiciones encontradas sobre la legalidad, viabilidad financiera y permanencia del apoyo económico que durante años recibieron los jubilados del órgano legislativo.

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