La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 228/2023, invalidando disposiciones de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios que vulneraban derechos fundamentales, al considerar que eran ambiguas y otorgaban margen de discrecionalidad a las autoridades. La decisión, tomada en sesión de Pleno el 20 de octubre de 2025, establece un precedente para garantizar sanciones claras, previsibles y respetuosas de la Constitución.

Uno de los puntos centrales fue la eliminación de la infracción que sancionaba el acto de “faltar al respeto al público que asiste a eventos o espectáculos, con agresiones verbales”. El Pleno determinó que esta redacción era ambigua y permitía a las autoridades decidir de forma subjetiva cuándo una expresión debía ser sancionada. “Esto, lejos de proteger la convivencia social, podía generar abusos y limitaba gravemente la libertad de expresión de las personas”, concluyó el Tribunal.

Además, la Corte invalidó parcialmente las normas que permitían la creación de un “Registro de Personas Infractoras”, operado por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal o su equivalente. Se estableció que únicamente el Congreso de la Unión tiene la facultad de crear registros de personas detenidas, por lo que las autoridades locales deben respetar los límites constitucionales en materia de sanciones administrativas y protección de derechos humanos.

“Todas las leyes deben ser claras, evitar la discrecionalidad y respetar las competencias que la Constitución Política Federal reserva al Congreso de la Unión”, señaló el Máximo Tribunal, al ordenar la notificación al Congreso local para que se realicen las adecuaciones correspondientes.

Con esta resolución, la SCJN reafirma el principio de seguridad jurídica y protege el derecho de todas las personas a contar con normas precisas y previsibles frente a infracciones en materia de justicia cívica. La decisión también fortalece el marco legal para una justicia más transparente, equitativa y acorde a los principios constitucionales, especialmente en el ámbito local.

La sentencia marca un paso importante hacia la consolidación de un sistema de justicia cívica que respete la libertad de expresión, evite abusos de autoridad y garantice que las sanciones administrativas se apliquen con legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.