La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer dos asuntos de alta relevancia constitucional que marcarán pauta en los ámbitos penal y fiscal, al abordar temas que impactan directamente en el respeto al debido proceso, la certeza jurídica y la protección de los derechos humanos. Las resoluciones derivadas de estos casos podrían redefinir criterios fundamentales en la aplicación de la justicia en México.

En el primer caso, el Pleno analizará el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de precisar los criterios para determinar la procedencia de la prisión preventiva justificada. Esta medida cautelar, que implica privar de la libertad a una persona antes de ser sentenciada, ha sido objeto de debate por su impacto en la presunción de inocencia y el equilibrio procesal. “Se trata de asegurar que la persecución de delitos no vulnere la seguridad jurídica ni los derechos fundamentales de las personas procesadas”, señalaron fuentes del tribunal.

El análisis permitirá establecer parámetros judiciales más claros, que orienten a juezas y jueces al momento de valorar si existen elementos suficientes para aplicar esta medida, sin caer en excesos ni omisiones que comprometan la imparcialidad del proceso penal.

En el segundo asunto, la Corte evaluará los límites de la autoridad hacendaria para presentar querellas en materia penal fiscal. El debate se centra en determinar si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede solicitar el inicio de una investigación penal cuando la información sobre el posible delito proviene de un dictamen técnico contable emitido por una autoridad distinta al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta discusión busca delimitar con precisión los requisitos y plazos aplicables para la presentación de querellas fiscales, lo que aportará mayor certidumbre tanto a contribuyentes como a las autoridades. “El objetivo es garantizar que las acciones penales en materia fiscal se sustenten en procedimientos claros, legítimos y respetuosos del marco constitucional”, se destacó durante la sesión.

Ambos asuntos, identificados como las Solicitudes de Ejercicio de la Facultad de Atracción 617/2025 y 644/2025, fueron resueltos para su análisis en la sesión del Pleno celebrada el 22 de octubre de 2025. Con esta decisión, la SCJN reafirma su papel como árbitro constitucional y su compromiso con una justicia pronta, imparcial y eficaz, capaz de responder a los desafíos de un Estado de derecho en transformación.